LLEIDA fue la primera ciudad española que prohibió, en octubre del 2010, el uso del burka en instalaciones municipales. Aquella ordenanza fue revocada por el Tribunal Supremo. Tras esa sentencia, otras ciudades, también de fuera de Catalunya, que igualmente habían vetado el uso en público del velo islámico integral que cubre la cara –burka o niqab–, han visto como no podían regularlo. Con posterioridad, el Parlament de Catalunya aprobó una moción, apoyada por CiU, PSC, PP y C’s, instando al Govern a abordar la cuestión, aunque inscribiéndola en una norma general que prohíba ir con la cara tapada en espacios públicos.

Aunque el empleo del burka o la niqab son sensiblemente minoritarios en nuestro país, el asunto no es baladí y obliga a plantearse cuestiones políticas, sociales y religiosas, vinculadas a derechos humanos fundamentales, como ha ocurrido ya en países de nuestro entorno. En Francia, primer país europeo que prohibió radicalmente el burka, el entonces presidente Nicolas Sarkozy se mostró tajante al afirmar que esa vestimenta no es un símbolo religioso, sino “signo del sometimiento de las mujeres, por eso no es bienvenida en el territorio de la República.”. Tras ello, una ley multa a las mujeres que la usen y, con más rigor, a quienes las obliguen a ello. Esta posición, sin embargo, fue criticada por el comisario de Derechos Humanos de la UE, al considerar que con esas medidas se penalizaba, se marginaba y se excluía socialmente a las mujeres musulmanas que libremente y por decisión propia elegían aquella vestimenta. La polémica se amplía con la intervención de comunidades musulmanas, como la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, que promovió ante el Supremo el primer recurso contra las ordenanzas municipales prohibicionistas y que ahora contemplan con recelo como el Govern se propone regular la cuestión y pide que el Parlament renuncie a legislar. La libertad religiosa y los derechos individuales son esgrimidos por los contrarios a la prohibición, incluidas organizaciones no musulmanas, que apuntan a ocultas motivaciones xenófobas.

Ni el burka ni el niqab son mayoritarios entre las mujeres musulmanas, pero el contundente apoyo social a la prohibición, mostrado en numerosas encuestas, es un síntoma claro de la necesidad de regular sobre la cuestión. En las sociedades modernas y democráticas, basadas en amplios consensos sociales y respeto a las minorías y a los individuos, no todo está permitido y corresponde a gobiernos y parlamentos determinar las adecuadas y justas reglas de convivencia.