Cuatro normas han sido recurridas en el Tribunal Constitucional y seis más pueden estarlo en el futuro

Deia, e. urabayen, 25-08-2013

iruñea. La frenética actividad del Parlamento navarro en estos meses no se ha visto correspondida con la puesta en marcha de las normas que se han aprobado. La diferencia de interpretación de las leyes y la variedad de intereses existentes en torno a normas que tienen una gran afección sobre las cuentas de la comunidad y en las que se alude al ejercicio del autogobierno, han provocado que muchas de ellas queden ahora mismo en una situación de impasse al estar pendientes de la resolución de un recurso en el Tribunal Constitucional. Atendiendo solo a las normas aprobadas en esta legislatura, hay en este momento cuatro recurridas. Además, sobre otras seis se cierne la amenaza de recurso aunque su interposición se retrasa.

Los decretos o normas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en relación a diferentes recortes con los que la Administración pretende contener el gasto son la génesis de la mayoría de los recursos. Es el caso de la ley aprobada por el Parlamento foral que da de plazo hasta agosto para abonar el complemento compensatorio por la pérdida de la extra o la ley foral por la que se exime del copago farmacéutico a mayores de 65 años con ciertos niveles de renta. También la norma de asistencia sanitaria a inmigrantes . En los tres casos, el Gobierno español entiende que las leyes navarras contravienen la normativa básica, mientras que el Parlamento valora que está en su derecho de sacar leyes en función del autogobierno. Mientras el TC sentencia en favor de uno u otro, las normas permanecen paralizadas y se aplica el criterio estatal. La cuarta norma recurrida es la de Haciendas forales, que en un artículo elimina el privilegio de la Iglesia de no pagar contribución. El Gobierno español la recurrió por atentar a los acuerdos con la Santa Sede.

La misma suerte podrían correr otras seis: la referente a las exenciones sobre el impuesto de la energía, la asistencia sanitaria gratuita, la ley para expropiar los bancos en desahucios (recurrida ya en Andalucía), la delegación de voto en los consistorios y la apertura de festivos.

Pero no solo de esta legislatura existen conflictos judiciales. También están recurridas y pendientes de resolución cuatro leyes anteriores. Son las referentes a la equiparación del sueldo del personal de justicia al de la Administración, la que regula el registro de objetores al aborto de personal sanitario, la ley de endeudamiento de ayuntamientos y la ley para que el patrimonio sin dueño pase a manos de la Comunidad.

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