El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está enviando a sus centros una serie de instrucciones para garantizar la atención a los inmigrantes ‘sin papeles’ al reconocer su derecho temporal a asistencia sanitaria. Unas medidas que surgen ante las críticas de las ONG, que denunciaban casos en los que se estaban poniendo trabas a estas personas, que desistían de acudir al médico a pesar de tener una dolencia o tenían que dirigirse a los servicios de urgencias.

El pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto – Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que restringe expresamente «la asistencia a las personas extranjeras sin autorización para vivir en España». La medida nunca llegó a aplicarse en Andalucía después de que la Consejería de Salud y Bienestar Social se desmarcase de las instrucciones del Gobierno.

Esto al menos en la teoría, porque en la práctica los inmigrantes ‘sin papeles’ y con escasos recursos han venido sufriendo trabas – antes y después del decreto – a la hora de acceder a los servicios sanitarios en los centros de atención primaria de la Comunidad. Las ONG malagueñas alertaron de la situación a la Junta por una discriminación que en muchas ocasiones dependía más de la voluntad del administrativo de turno que de la propia normativa vigente. Los casos, en los que se solicitaban documentos que son innecesarios o se exigía el pago de los servicios, entre otros ejemplos, se repetían en determinados centros malagueños.

Situación empeorada

Una realidad que, según señalan las ONG, empeoró a partir de la entrada en vigor del decreto estatal. La delegación de Salud indicó una y otra vez que los casos eran puntuales y ajenos a las pautas de la Junta. Pero las asociaciones pedían desde hacía tiempo unas directrices claras y por escrito para evitar arbitrariedades.

Con las nuevas instrucciones, el SAS espera «aclarar y homogeneizar» los criterios de inclusión, que se hará por periodos de entre uno a doce meses prorrogables si persisten las circunstancias que motivaron el reconocimiento temporal del derecho. Unas medidas que les dan acceso a «la totalidad de la cartera de servicios» del Sistema Sanitario Público Andaluz.

Se trata de una buena noticia para los inmigrantes , según explicó a SUR Mamen Castellano, técnica de Málaga Acoge, pero también para la población andaluza en general. «Excluir a una parte de la ciudadanía de los servicios sanitarios significa poner en peligro la salud de toda la sociedad y saltarse todos los principios de prevención que defiende el sistema público», dice.

Castellano señala que ahora, con unas pautas claras establecidas, será más fácil recurrir ante cualquier caso en el que se niegue o dificulte el acceso a la atención médica a un inmigrante en situación irregular, algo que se sigue produciendo, siempre. El último, la pasada semana en Benalmádena, cuando se pidió el pago previo a una abuela que llevó a las urgencias de un centro a su nieto de dos años, dice Castellano. Según los datos de Málaga Acoge, en el último año detectaron una veintena de casos de trabas en la atención sanitaria en la provincia, aunque estiman que son muchos más los inmigrantes que las han sufrido, pero que no han llegado a denunciar estos casos por miedo a represalias por su situación irregular.

Por SUR.es