Julio Estrabón emigró en 1956 a Bélgica en busca de una nueva vida. Trabajó cinco años en el sector minero hasta que se mudó a la capital, Bruselas, para dedicarse primero a la construcción y luego a ejercer de cajero en la cadena de supermercados más importante del país. Cuarenta años más tarde regresó a España, concretamente al municipio de Cuevas del Becerro, para disfrutar de su jubilación, y así lo hizo hasta recibir una carta del Ministerio de Hacienda en la que se le exigía el pago de más de 7.000 euros. La razón: no haber declarado el cobro de una pensión costeada por el gobierno belga, de la que creía que estaba eximido tras no haber recibido notificación alguna de las instituciones. «Están haciendo algo criminal. Nos han robado el sudor de 50 años», se queja Julio. En la misma situación se encuentra su vecina Antonia Perujo, que desembolsó 12.000 euros que tenía ahorrados.

Como Julio y Antonia hay alrededor de 2.000 emigrantes retornados en Málaga que se han visto en la coyuntura de tener que abonar los pagos de ejercicios desde 2008. Algunos de ellos incluso han fallecido, por lo que son sus descendientes directos los que se tienen que hacer cargo de esta clase de deudas, a veces dividiendo la cuantía en partes iguales entre los familiares del difunto. Así lo anunció ayer el secretario general del PSOE – A de Málaga, Miguel Ángel Heredia, tras mantener una reunión con la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer) y la Asociación de Málaga de Emigrantes Retornados (Asomer).

Durante el encuentro se debatió entorno a la situación de los millares de andaluces – se calcula que unos 10.000, aunque podría crecer a medida que se incorporen los demás ejercicios – que se vieron forzados a emigrar entre la década de los 50 y los 70 y a los que ahora se les exige tributar la parte correspondiente a las pensiones percibidas en los últimos años más un recargo del 15%. Para tratar de llegar a un consenso entre las partes el PSOE presentará próximamente en el Congreso una Proposición no de Ley en la que solicitará la aplicación de un gravamen especial para estos casos, así como la elaboración de un listado de emigrantes retornados por país y provincia para conocer con mayor exactitud la composición de este colectivo. «Ellos no quieren privilegios, sino pagar lo que deben y librarse de problemas», aclaró Heredia. Con ello hacía referencia a algunos pensionistas que han llegado a rechazar la pensión que percibían para evitar los disgustos.

Además, el grupo socialista prevé pedir explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre los motivos de este «repentino cambio de parecer», ya que según afirma el secretario general de los socialistas un buen número de los jubilados acudió en su día a las oficinas de Hacienda y se les informó de que no era necesario declarar estas prestaciones. Para Heredia, que cifra en un 20% la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, se trata de un nuevo «ataque del PP a los más necesitados y los que menos fuerza tienen para defenderse».

Julián Estrabón, que ha contratado a una agencia para solucionar todo el papeleo, ya sabe que los 7.000 que ya ha abonado podrían aumentar en los próximos días. Mientras tanto se plantea montar una plataforma para combatir este tipo de «robos». Y es que a su edad, cumplidos los 80, «ya no se tiene miedo a nada».

Por SUR.es