Bilbao. La fiscalía pretende acusar a Juan Carlos Aguilar, el denominado falso shaolín, de dos delitos de asesinato por las muertes violentas de Maureen Ada Otuya y Jenny Sofía Revollo. Del mismo modo, tiene la intención de demostrar que Aguilar cometió estos actos con “alevosía y ensañamiento”. Según declaraciones de Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, a Europa Press, la intención del ministerio público es que el acusado “no vuelva a cometer” crímenes “de esta crueldad”. En el supuesto de que la fiscalía logre dar por buenos estos agravantes, el acusado se enfrentaría a dos delitos de asesinato penados cada uno de ellos con entre 20 y 25 años de prisión según el Código Penal. Ahora bien, la legislación establece 40 años como máximo de cumplimiento efectivo. “Estoy hablando de la hipótesis más grave para el acusado. La hipótesis de que se compruebe que ha cometido el hecho delictivo con alevosía y ensañamiento, y que no haya circunstancias atenuantes”, matizó en sus declaraciones el fiscal superior.

La investigación sobre el caso comenzó tras la detención del presunto autor de los hechos el pasado 2 de junio. Varios testigos alertaron a la Ertzaintza de que un hombre introducía a la fuerza a una mujer en el gimnasio Zen4 de la calle Máximo Aguirre. Los agentes localizaron allí a Aguilar golpeando a Ada, que se encontraba maniatada. La joven ingresó en estado de coma en el hospital de Basurto, donde falleció tres días después. Los agentes localizaron en el gimnasio y en el domicilio del sospechoso el cuerpo descuartizado de Jenny Sofía Revollo a la que, supuestamente, mató días antes.

Calparsoro se mostró convencido de que, si no hubiera sido detenido, Aguilar pretendía cometer “más asesinatos”. Asimismo, el fiscal superior no ocultó su deseo de que el detenido “esté a buen recaudo durante mucho tiempo y se le impida cometer hechos de esta gravedad y crueldad durante muchos años”.

Aguilar permanece recluido desde el pasado 4 de junio, cuando la magistrada titular del Juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, encargado de la investigación, decretó su ingreso en prisión. Tras un breve paso por la penitenciaría de Basauri y, posteriormente, por la de Zaballa, en Araba, el falso monje shaolín fue trasladado a la prisión palentina de Dueñas donde, al parecer, permanecerá hasta la celebración del juicio.

Todo parece apuntar a que se tratará de un proceso lento y costoso dado el elevado número de archivos, documentos informáticos, fotografías y grabaciones que la Ertzaintza localizó en los ordenadores, tablets, pendrives y discos duros incautados durante los registros. Parte de esta información se encontraba encriptada, por lo que la Policía vasca barajaba la posibilidad de solicitar una entrevista con el detenido para que les facilitara los códigos que dieran acceso a esa información. Algo que resulta poco probable dado el carácter “poco colaborador” de Aguilar, según indicó Maite Iturrate, abogada de Clara Campoamor que ejerce la acusación popular. Calparsoro manifestó que mucha de la información decomisada está todavía “encriptada”. Sin embargo, la fiscalía “tiene la intención de llegar hasta el final, hasta donde pueda”, para aclarar lo sucedido.