El PSE ha solicitado al Gobierno Vasco que regule la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que lleven menos de un año empadronados en el País Vasco y de la que ahora están excluidos. Propone que se les proporcione atención sanitaria a partir de los tres meses de empadronamiento. Explican que han puesto este límite debido a que cualquier período inferior se considera que es una estancia turística.

La parlamentaria Blanca Roncal ha registrado una proposición no de ley en la Cámara vasca, en la que lamenta la «exclusión» – salvo determinadas excepciones – de estas personas de la sanidad pública a través de una orden del Ejecutivo autonómico aprobada el mes pasado. Esta normativa, resalta Roncal, «excluye por primera vez del derecho a la salud universal y gratuita a quienes lleven empadronados menos de un año, salvo determinadas excepciones y las urgencias».

La representante del PSE recuerda que el anterior Gobierno Vasco liderado por Patxi López aprobó un decreto para mantener varias coberturas sanitarias que se pretendían eliminar a través de un decreto ley del Gobierno central, entre ellas las derivadas de la modificación del sistema de copago farmacéutico o del «derecho a la salud gratuita y universal».

De esa forma, argumenta la parlamentaria, Osakidetza «siguió ofreciendo atención sanitaria y farmacéutica gratuita a las personas inmigrantes sin papeles ni recursos que cumplían el decreto recurrido y llevaran un año empadronadas en Euskadi, a las que se concedía la tarjeta sanitaria ordinaria».

Además, subraya que «también se garantizaba el derecho a quienes llevaran menos de un año empadronados y acreditaran arraigo, con una tarjeta temporal de tres meses».

«Derecho a la salud»

Roncal destacado que el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional «avaló» que el Ejecutivo vasco siguiera prestando atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, con el argumento de que «a los poderes públicos les corresponde garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección a la salud», y de que «la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto – contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad».

A su juicio, la orden aprobada por el gabinete deUrkullu implica que «personas que, amparadas por la resolución del Constitucional, han recibido atención primaria en los centros de salud, quedan excluidos» de las prestaciones de la Sanidad pública.

Por ese motivo, pide que el Gobierno «modifique o complete» dicha norma, de modo que «regule la atención sanitaria de las personas inmigrantes sin permiso legal de residencia en los términos previstos por el decreto de junio de 2012 y avalados por el Tribunal Constitucional», de forma que «ninguna persona que resida en Euskadi quede sin asistencia primaria».