Los residentes en España que no tengan tarjeta sanitaria al no reunir la condición de asegurados ni beneficiarios de la Seguridad Social deberán pagar entre 60 euros al mes si son menores de 65 años y 157 euros si superan esa edad, para acceder a la cartera de servicios básicos de la sanidad pública.

Así figura en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Con estos requisitos, el Gobierno “completa el paquete normativo iniciado con el Real decreto que regula la condición de asegurado, aprobado en agosto de 2012”, indican fuentes del departamento de Mato.

En esta situación se encuentran aquellos españoles que no trabajan y que, sin embargo, tienen ingresos superiores a los 100.000 euros al año (conocidos como rentistas) y europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español. También a “nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público”, es decir, inmigrantes simpapeles a los que el año pasado el Gobierno les retiró la asistencia sanitaria salvo en casos muy concretos: urgencias, atención a embarazadas y a menores. El real decreto, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los que piden asilo.

Desde Sanidad se insiste en que con estos criterios se completa una reforma “que hace efectiva la universalidad de la asistencia sanitaria pública para todos los españoles”. No lo ven así, en absoluto, las oenegés, muy críticas con un cambio de modelo que ha convertido a las personas de ser ciudadanos a ser asegurados, tal y como denuncia Médicos del Mundo. Mientras denuncian el fin de la sanidad universal en España.