La solución adoptada por el Gobierno vasco para esquivar la prohibición decretada por el Gobierno central en 2012 de atender de manera gratuita a los inmigrantes sin permiso de residencia disgusta a muchos. Ayer, un día después de que el actual Departamento de Salud publicara una orden por la que desarrolla el decreto de la anterior consejería para atender a los extranjeros enfermos, tanto organizaciones que trabajan con los inmigrantes como EH Bildu protestaron por la medida.

SOS Racismo reclamó al consejero de Salud, Jon Darpón, que modifique el decreto de 2012 en el que se establece que los inmigrantes sin permiso de residencia y con pocos ingresos podrán pedir la tarjeta sanitaria en el momento en que acrediten que llevan un año empadronados en Euskadi. La orden recoge el procedimiento para solicitar un documento que se parece a la tarjeta que recibe el resto de la población y en el que se explicita que solo tienen validez en Euskadi.

La reclamación del colectivo social es poco probable que obtenga una respuesta satisfactoria por parte del consejero, ya que este declaró el lunes que otorgar el derecho a la asistencia sanitaria gratuita “desde el primer día” a los extranjeros generaría una “discriminación negativa” hacia el resto de la ciudadanía procedente de Euskadi. Su aseveración recibió comentarios de incredulidad ayer en las redes sociales por parte de cargos públicos como el diputado guipuzcoano de Política Social, Ander Rodríguez.

Argucia jurídica

SOS Racismo advirtió de que es necesario desligar el empadronamiento del acceso a los servicios sanitarios porque considera que muchas personas del colectivo tienen “especiales dificultades” para acceder a una vivienda y empadronarse. La alternativa de acudir a urgencias, el único servicio gratuito, “no es la solución más adecuada” recordaron, sobre todo para casos que precisan de un seguimiento, como el de los crónicos.

EH Bildu, por su parte, reclamó la comparecencia del consejero para que explique su gestión al respecto en el Parlamento. Su parlamentaria Eva Blanco aseguró que el Gobierno “restringe derechos” y “hace diferencias” entre ciudadanos. La normativa aprobada es, a su juicio, “una argucia jurídica” para acatar las medidas del Gobierno central.