Basauri. El Ayuntamiento de Basauri exigirá a la familia acusada de acoso inmobiliario hacia dos vecinas de la calle Lezama Leguizamón de Etxebarri el pago de los desperfectos causados en la vivienda que ocuparon hasta el otoño del año pasado. Los destrozos en la casa en la que residieron de alquiler primero, y de okupas, después, suman 3.696 euros.

Personadas las dos víctimas del mobbing inmobiliario en los tribunales, el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao decretó que la familia debía abandonar el inmueble antes del 12 de noviembre de 2012, cosa que hicieron antes de cumplirse la fecha trasladándose a una vivienda en la calle Larrazabal de Basauri. Para entonces, el Ayuntamiento de este municipio ya había dejado de pagarles las rentas a la familia, realojada en este piso de Etxebarri por futuro derribo del suyo ubicado en San Miguel. Según los responsables municipales, el Consistorio se negó a seguir subvencionándoles el alquiler por incumplimiento de los términos del contrato firmado, ya que la familia se había comprometido a pagar los recibos de la luz, el agua, etc. además de a mantener en condiciones el piso.

A pesar de ello, el juez obligó al Ayuntamiento a indemnizar al dueño de la vivienda de Lezama Leguizamón con 4.479 euros. De ellos, 782 son en concepto de rentas y, el resto, – 3.696 – por los daños sufridos en su vivienda.

Aunque el Ayuntamietno se hará cargo de la primera cantidad, no asumirá la segunda que recaerá sobre la familia que ha provocado los daños. Este grupo, de etnia gitana, hizo imposible la vida a las dos vecinas que residen en el piso de abajo de la vivienda y regentan el bar La Frontera, en el mismo edificio. En total, durante su estancia allí acumularon más de treinta denuncias. Tras su huida de Etxebarri, acudieron a una vivienda en Larrazabal junto a unos familiares. Según sus nuevos vecinos, ya ocupan dos pisos, propiedad del BBVA, dificultando la convivencia en el barrio.