Galdakao. Las incongruencias de la justicia han tocado esta semana a una familia residente en Galdakao y han llegado a amenazar a una pequeña de tres años vecina de este municipio y nacida en el hospital de Cruces. El Ministerio de Justicia ha denegado la nacionalidad española a esta niña de padres congoleños por, entre otras circunstancias, no haber justificado su “buena conducta cívica”. La resolución del departamento que dirige el ministro Gallardón establece que la vizcaina no ha acreditado este comportamiento ejemplar dado que “no cuenta con autorización de residencia en España desde el 8 de junio 2012”, por lo que desde esta fecha se encuentra “en situación irregular”.

Javier Canivell, responsable del equipo jurídico de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, asegura, sin embargo, que la niña ha vivido siempre en Galdakao y que la nacionalidad puede solicitarse tras un año de residencia legal en el Estado. Además, afirma que la niña cuenta con este permiso hasta 2017. Curiosamente, a su hermana, también menor de edad, el Ministerio de Justicia sí le ha concedido la nacionalidad, según Canivell.

Ante esta sarta de posibles incorrecciones, CEAR ha interpuesto un recurso de reposición en el Registro Civil de Bilbao ya que, aunque el Ministerio ha reconocido que lo ocurrido con esta niña se debe a un “error”, según su resolución, esta tendría que marcharse del Estado. Tras salir a la luz el caso, el abogado de CEAR ha criticado que la supuesta conducta cívica de las personas dependa de la posesión o no del permiso de residencia y ha asegurado que este principio, aplicado a una niña, resulta “casi de racismo institucional”.

Aunque no es muy habitual toparse con un caso similar al de la pequeña de Galdakao, lo cierto es que las organizaciones de ayuda a las personas inmigrantes vienen denuciando en los últimos tiempos las medidas impulsadas por el Gobierno de Madrid con la intención de resolver el “atasco” en la tramitación de solicitudes de residencia y que han dado lugar a “resoluciones descabelladas”. Muchas de ellas, además, pasan desapercibidas y, si no son destapadas ante la opinión pública, pasan “años” dando vueltas en los juzgados.