Por segundo año consecutivo, la familia conflictiva de Basauri se ha empeñado en amargar el baño a los usuarios del polideportivo de Artunduaga. Según reconocieron ayer desde la Policía local, el lunes decenas de miembros del clan entraron en la instalación deportiva comportándose como si fueran los dueños del lugar. De hecho, varios usuarios han denunciado «amenazas e insultos» del clan, que ha ocupado una vivienda en la calle Larrazabal y que está acusado de un presunto delito de ‘moobing inmobiliario’ en Etxebarri, localidad en la que residieron varios de sus integrantes después de verse su vivienda en el barrio de San Miguel afectada por un plan de regeneración urbanística y lograr que el Ayuntamiento de Basauri les sufragase el alquiler.
En esta ocasión un grupo de alrededor de «30 personas», además de «amenazar a varias personas» y generar «conflictos», «robaron unas gafas y alguna mochila», según informaron fuentes policiales. Una de las dos patrullas que esa tarde se encargaba de vigilar las calles tuvo que acudir hasta en «cuatro ocasiones» e incluso se vio obligada a permanecer «estacionada» en las inmediaciones del polideportivo buena parte de la tarde por si tenía que volver a actuar.
Los agentes tildaron lo sucedido como «incomprensible». «No podemos estar toda una tarde vigilando a esta familia», denunciaron.
Usuarios que prefirieron no dar su nombre, por su parte, relataron que «varias personas se quejaron» por la situación y solicitaron al Consistorio y al Instituto Municipal de Deporte responsable del equipamiento, que articulen una «sanción» para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse «año tras año». «Si no hacen nada, lo único que van a conseguir es que dejemos de ir por miedo», explicaron. No entienden por qué no se «echa» a estas personas por «conductas incívicas».
Sanción por incumplimiento
Desde el Ayuntamiento aseguraron que el polideportivo de Artunduaga tiene un reglamento de funcionamiento que contempla «diferentes sanciones por incumplimiento de dicha normativa». Entre ellas cabe la posibilidad de «no poder utilizar las instalaciones durante un período de tiempo determinado según el tipo de sanción». Sin embargo, las mismas fuentes puntualizaron también que «cualquier sanción precisa de una tramitación con sus correspondientes procesos de notificación, plazos legales estipulados y establecimiento de grado de sanción determinado legalmente en función de la gravedad de la falta».
Con respecto a las quejas recibidas por este caso concreto, tanto de usuarios como de agentes de la Policía local, portavoces del equipo de gobierno concluyeron que, para «sancionar a cualquier usuario respetando la legalidad hay que demostrar el incumplimiento de la normativa, o el presunto hurto o robo o cualquier otro indicio de quebrantamiento de una ley».