El Juzgado de lo Penal número uno de Logroño ha fijado para mañana la vista oral contra A. O. A., R.S.E., y R. A., todos ellos naturales de Nigeria, a los que acusa de haber cometido un delito de falsedad en documento oficial y para los que el fiscal pide un año de prisión y multa diaria de ocho meses, aunque también reclama la expulsión del territorio español como pena sustitutiva de la privación de libertad.
De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, los tres africanos presentaron en la Oficina Única de Extranjeros de Logroño la solicitud de autorización de residencia en España por circunstancias excepcionales. Presentaron los papeles en julio de 2008 y entre ellos figuraban los certificados de antecedentes penales.
Estos documentos resultaron ser falsos. «Fueron escaneados a partir de otros, a los que borraron los datos originales y los sustituyeron por los de los interesados», señala el fiscal en su escrito, basándose en el informe de la Jefatura de la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Firma de un cónsul cesado
Los mismos peritos señalan que no eran auténticas las firmas de los funcionarios de Nigeria, ni la fecha original de los sellos ni el escudo de la cabecera del documento. De igual manera, precisan que en los certificados de antecedentes penales figuraba la firma del cónsul general de España en Lagos, el señor González-Zavala, que había causado baja en su puesto dos años antes de que supuestamente firmara los documentos falsificados.
El ministerio público entiende que los tres acusados contactaron con personas no determinadas para, mediante contraprestación económica, «obtener documentos ficticios que luego presentaron junto con su solicitud de autorización de residencia»