Rusia no paga a traidores. Puede dejarles jugar un tiempo en la terminal de tránsito de Sheremetievo, pero Edward Snowden cumplirá el domingo dos semanas refugiado en Moscú y en el Kremlin creen que es hora de poner fin al capítulo ruso de su huida de la justicia de EEUU, un país al que a Rusia le gusta imponerse pero con quien no quiere degradar sus relaciones. El caso Snowden ha afectado también a países europeos como España, Portugal o Francia por su papel en el accidentado regreso a Bolivia del presidente Evo Morales, en cuyo avión se sospechaba que viajaba Snowden. Rusia dijo ayer que ése no había sido «un gesto amistoso».

Aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, ha renunciado a extraditar a Snowden, desde el Ministerio de Exteriores han sugerido que debería encontrar ya otro país. Putin le ofreció quedarse en Rusia si dejaba de «perjudicar a nuestros aliados de EEUU» filtrando más secretos. Snowden, que según WikiLeaks pidió asilo a Rusia, no aceptó estos términos y se envainó su petición. Moscú dijo ayer que jamás recibieron su propuesta.

Sus padrinos iniciales –Ecuador, Venezuela y Bolivia– han alabado su figura pero no le han ofrecido una manera de salir de un país en el que según Moscú ni siquiera ha entrado. Con el pasaporte invalidado por su propio país, lleva camino de convertirse en un peso muerto para Rusia. «El plan ha salido mal», opina Dimitri Trenin, del Centro Carnegie de Moscú, «porque Latinoamérica no ha querido arriesgarse».

Aunque el hecho de que nadie haya conseguido ver aún a Edward Snowden indica que está escondido por los servicios secretos rusos, Putin no parece dispuesto, al menos de momento, a fabricarle a Snowden el plan de fuga que nadie quiere darle.

Por otra parte, la UE no ha sido capaz de hablar con una única voz ante el escándalo del espionaje a las instituciones comunitarias. El Parlamento Europeo ha mostrado una posición más dura que la Comisión y ha decidido abrir una investigación sobre el programa de vigilancia estadounidense que concluirá a finales de este año. La resolución aprobada ayer por una amplia mayoría condena «enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE» y pide a la Comisión y al Consejo Europeo que consideren una posible suspensión de los acuerdos sobre el registro de nombres de pasajeros y sobre transferencias de datos bancarios con fines antiterroristas.

Sin embargo el Ejecutivo comunitario no está dispuesto a paralizar las negociaciones del acuerdo comercial que comenzarán la próxima semana, tal y como pedían algunos grupos parlamentarios y varios Estados miembros como Francia. Bruselas opina que aunque el espionaje ha quebrado la confianza entre ambos bloques, sería contraproducente para Europa paralizar un acuerdo comercial que puede ayudar a salir de la crisis.