El proceso contra la mafia rumana, esa que explotaba a compatriotas en Arteixo, se complica muchísimo. Están acusados de cosas terribles, como de obligarlos a trabajar de sol a sol por cuatro céntimos, enlatarlos en un piso inmundo o de ponerles comida de perro a la mesa. Pero la Justicia no ha podido siquiera sentarlos en el banquillo porque uno está en Londres, dos ni se sabe y los otros tres están en su país y Rumanía ha denegado su extradición. Porque los imputados, que fueron encarcelados tras su detención en febrero del 2011, huyeron un minuto después de que les concediesen la libertad condicional. El juicio por estos hechos, por los que se enfrentan a penas de 15 años de prisión, tendría que haber empezado ayer en la Audiencia Provincial.

Si los problemas no fueran ya suficientes, aparecen las víctimas. Mejor dicho, desaparecen. Si cuando fueron liberadas por el grupo de Extranjería de la Policía Nacional relataron episodios terribles, poco a poco y de uno en uno se fueron desdiciendo. Alguno, que había regresado a su país tras la liberación, viajó a España meses después con la única misión de retirar la denuncia y exculpar a los procesados. Fuentes de la investigación lo achacan a las supuestas amenazas que recibieron, tanto ellos como sus familias.

Pero la sección segunda de la Audiencia Provincial no está dispuesta a dejarlos escapar. Insistirá y volverá a emitir una euroorden a las autoridades rumanas y otra a la británica, y se pedirá una orden de busca y captura en España por si el resto todavía anda por aquí.