El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha advertido hoy de que los propietarios de establecimientos de todo tipo no pueden ampararse en el derecho de admisión para impedir la entrada a los mismos a personas por razones de género, de origen, de religión o relacionadas con cualquier condición “personal o social”.

GASTEIZ. El Ararteko ha emitido hoy una recomendación sobre esta cuestión, tras analizar las quejas recibidas por ciudadanos extranjeros a los que se les ha impedido entrar en un bar o una discoteca y quienes opinan que la Administración no les ha respondido adecuadamente ante sus denuncias.

Lamarca considera que la prohibición de discriminación amparada por la Constitución vincula a todos los poderes públicos, pero también a los ciudadanos particulares.

En este sentido, reconoce que el derecho de admisión es una facultad que tienen los titulares de los establecimientos privados abiertos al público, pero subraya que este derecho no puede amparar que se restrinja la entrada a ciudadanos por su origen, su género, religión, opinión o “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La denegación de acceso a un establecimiento público a unas personas y no a otras por esos motivos es, para el Ararteko, “un trato degradante y humillante” porque todo el mundo tiene derecho a acceder a los establecimientos privados abiertos al público en condiciones de igualdad.

Por todo ello, Lamarca cree necesario mejorar la regulación respecto al derecho de admisión y que se prohíba la discriminación. También plantea que se mejore el procedimiento sancionador y que se aclare cuál es el órgano competente para la tramitación de las multas.

Asimismo, considera oportuno que se detallen de manera pormenorizada los derechos y las obligaciones de los consumidores y usuarios, así como las sanciones en caso de que los establecimientos no pongan a disposición de los mismos sus libros de reclamaciones.

El Ararteko también reclama que se elaboren protocolos de actuación para el personal de las administraciones públicas que recibe las denuncias y las reclamaciones, que permita que éstas se deriven automáticamente a la institución o al juzgado competente.