Estados Unidos ha dado un paso de gigante en su confirmación como gran nación de inmigrantes : el Senado aprobó ayer la reforma que permite la legalización de más de 11 millones de indocumentados, lo que puede conducir a una honda transformación con implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Aunque la votación de anoche está todavía pendiente de su ratificación en la Cámara de Representantes, el debate se desenvuelve en un contexto histórico que permite vaticinar su éxito final.
El resultado final de la votación —68 votos a favor contra 32— supone un respaldo mucho mayor de lo que hubiera sido posible anticipar hace solo unos meses y confirma el surgimiento de una sólida coalición parlamentaria que podría ser suficiente como para vencer las resistencias que esta ley, de alcance histórico, puede aún encontrar en su camino hacia el Despacho Oval.
Esta reforma migratoria ha sido, durante décadas, la aspiración de millones de familias que viven en una dura clandestinidad, sin acceso a la mayoría de los servicios sociales, sin perspectivas de una vida estable, discriminados y marginados, cuando no perseguidos o confundidos con delincuentes. Pero no solo eso. La reforma ha sido un constante campo de batalla en el que los partidos políticos han rivalizado por cada vez más atractivos intereses electorales. Durante más de 30 años, los intentos de poner en orden un sistema migratorio a todas luces quebrado se han estrellado con la oposición de quienes pretendían conservar su escaño o su criterio estrecho sobre la nacionalidad o las tradiciones norteamericanas.
Los inmigrantes indocumentados llevan muchos años contribuyendo de forma determinante a la creación de riqueza en Estados Unidos. Su aportación es vital en algunas áreas, como la de la agricultura, la industria o el trabajo doméstico, y visible y creciente en otras muy diversas, desde la tecnología hasta la educación.
Aunque la necesidad de reformar el sistema migratorio era ya acuciante durante la anterior Administración, fueron las dos últimas elecciones presidenciales, particularmente la de 2012, en la que Barack Obama obtuvo el 71% de los votos latinos, las que acabaron de convencer a los republicanos, los principales oponentes de la reforma, de que su futuro como partido dependía de su actitud respecto a esta ley.
La reforma sale del Senado con muchas limitaciones. Plantea regularizar a los sin papeles previo pago de una multa y de sus impuestos atrasados, duplica el número de agentes que protegen la frontera con México, invierte 30.000 millones de dólares en vigilancia de los puntos de entrada al país, limita el acceso a la ciudadanía para los indocumentados que residan en EE UU desde antes de diciembre de 2011, establece un plazo mínimo de 10 años para poder aspirar al pasaporte norteamericano y obliga a demostrar conocimientos de inglés y un historial limpio de antecedentes penales.
Como compensación, se crea un nuevo sistema de visados temporales, se permite un acceso más rápido a la ciudadanía norteamericana a los llamados dreamers —estudiantes y jóvenes trabajadores agrícolas—, se aumenta el número de visados para los empleos en la ciencia y la tecnología y se imponen mayores controles para evitar casos de abusos y explotación, ahora frecuentes, en las empresas.
El éxito obtenido en el Senado ha sido laboriosamente trabajado desde hace seis meses por una coalición de legisladores demócratas y republicanos que, con el apoyo de Obama en la Casa Blanca, ha conseguido finalmente conformar una mayoría que ahora esperan reproducir en la Cámara.
El texto de esta reforma ha recibido críticas, tanto de grupos de derechos humanos, que se quejan de la militarización de la frontera, como de los sectores más conservadores, que se temen la disolución del carácter y la esencia del estilo de vida americano. Obama advirtió en su momento que, para poder llegar a un acuerdo, iba a ser preciso que todos hicieran renuncias.
El resultado ha sido, pues, una muestra de pragmatismo y un raro ejemplo de colaboración entre los dos partidos políticos. El trabajo de esta coalición refleja cómo los intereses de futuro de demócratas y republicanos dependen en gran medida del apoyo de la comunidad hispana, el grupo de población de mayor crecimiento en la última década y, seguramente, en la próxima.