Cincuenta años después de la violenta lucha para defender el derecho de voto de los negros en el sur, un condado de Alabama consiguió ayer que el Tribunal Supremo acabara con la vigilancia especial de las urnas en los estados que históricamente han discriminado a las minorías. En una controvertida decisión, la Alta Corte de EEUU aseguró que «las cosas han cambiado radicalmente» desde los años 60.

El Supremo declaró inconstitucional la sección 4 de la Ley del Derecho de Voto de 1965 por la que el Gobierno central o un tribunal federal deben autorizar cualquier cambio en los requisitos para votar en nueve estados, la mayoría sureños, y varios condados donde se han puesto trabas a las minorías. El Supremo asegura que el Congreso tiene que actualizar su lista porque se ha quedado obsoleta.

En las presidenciales de 2012, el índice de participación de los negros fue más alto que el de los blancos por primera vez en la historia electoral del país. Pero la ley ha servido durante décadas para proteger a los afroamericanos o a los hispanos, que ahora también están en el centro de disputas electorales relacionadas con la identificación. Ayer, en cuanto se anunció la decisión de Supremo, Texas, uno de los estados afectados, anunció que exigirá a partir de ahora la identificación con fotografía, que el Gobierno central había bloqueado porque consideraba discriminatorio para los hispanos (en un país sin DNI vale hasta la factura de la luz para acudir a las urnas).

Los estados afectados hasta ahora por esta supervisión desde Washington eran Alabama, Arizona, Georgia, Luisiana, Misisipí, Carolina del Sur, Texas, Virginia y Alaska. También tenían que pedir autorización para cualquier cambio electoral condados de California, Florida, Nueva York, Carolina del Norte, Michigan y Dakota del Sur.

La denuncia que llegó al Supremo la hizo Shelby, un rico y blanco condado de Alabama al sur de Birmingham, la ciudad donde nació Condoleezza Rice y donde tuvo lugar uno de los episodios más brutales de odio racial de Estados Unidos, cuando cuatro niñas fueron asesinadas en un atentado contra una iglesia baptista en 1963. En Alabama también surgió el movimiento que empujó a la Administración Johnson a aprobar la ley para acabar con la obligación del pago de impuestos o los exámenes en estados que intentaban excluir a los negros de las urnas.

La sentencia del Supremo, aprobada por cinco votos frente a cuatro, subraya que los artículos sobre la vigilancia de las autoridades locales eran medidas temporales «que tenían que haber caducado después de cinco años». Aun así, reconoce que la ley «ha demostrado su éxito para afrontar la discriminación racial». La vigilancia especial de estados conflictivos fue renovada por el Congreso con la Administración Bush en 2006. Ahora el Supremo sugiere al Congreso que encuentre otra «fórmula basada en las condiciones actuales» para decidir qué zonas necesitan más supervisión. La actual división en Washington indica que será difícil un acuerdo.

En un gesto infrecuente, el presidente Barack Obama comentó la sentencia. «Estoy profundamente decepcionado», dijo que el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y ex profesor de Derecho Constitucional. «Hemos progresado mucho como país para garantizar el derecho de cada americano al voto. Pero, como también reconoce el Tribunal Supremo, la discriminación sigue existiendo», se quejó Obama.