Roma. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado ayer por el Tribunal de Milán a siete años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por el caso Ruby, en el que se le juzgaba por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Las tres juezas Giulia Turri, Carmen D’Elia y Orsola de Cristofaro del tribunal que ha juzgado en primera instancia a Berlusconi desde abril de 2011 dictaron una condena para el ex primer ministro italiano superior a los seis años de prisión que había solicitado la fiscal, Ilda Boccassini, y ordenaron la confiscación definitiva de los bienes incautados a Ruby destinados a cometer el delito. El hecho de que la condena sea superior a la petición hecha por la Fiscalía deriva de que las juezas cambiaron en parte la formulación de uno de los delitos, pues Berlusconi fue condenado por abuso de poder por “constricción” y no por “inducción” como figuraba en la acusación de la fiscal.

El caso juzgaba la supuesta incitación a la prostitución de menores que pudo cometer Berlusconi al mantener relaciones sexuales de pago con la joven marroquí Karima El Marough, alias Ruby, cuando ésta no había cumplido aún los 18 años, mientras que la acusación de abuso de poder llega por la llamada que realizó a una comisaría de Milán para exigir que liberaran a la joven después de que esta cometiera un robo. Tras conocer la decisión de las tres juezas, Niccolò Ghedini, abogado de Il Cavaliere, declaró no estar sorprendido y anunció que recurrirá la condena, que no será efectiva hasta que no sea en firme. “Es una condena que queda fuera de la realidad y de las actas procesales. El tribunal no ha tenido en cuenta la realidad”, manifestó Ghedini a la salida del Palacio de Justicia de Milán.

Los argumentos de la fiscalía El pasado 13 de mayo, en una muy dura comparecencia, Boccassini había solicitado seis años de prisión e inhabilitación de por vida para cargo público para el ex primer ministro al asegurar que “no existe duda” de que Ruby “había mantenido sexo con Berlusconi y había obtenido beneficios a cambio” cuando aún no tenía 18 años. Boccassini dijo que a las fiestas de la mansión de Berlusconi en Arcore, próxima a Milán, se invitó a chicas “que formaban parte de un sistema de prostitución organizado para la satisfacción del placer sexual” del político y que Ruby obtenía del ex primer ministro “directamente lo que necesitaba para vivir” a cambio de ello.

Para la Fiscalía, no existen dudas de que Berlusconi estaba al tanto de que Ruby era menor de edad cuando participó en sus fiestas y cuando mantuvo supuestamente relaciones sexuales pagadas con él, entre febrero y mayo de 2010, meses antes de que la joven cumpliera los 18 años en noviembre de ese año. Boccassini también fue dura en cuanto a la acusación de abuso de poder, por la llamada que realizó el entonces primer ministro italiano en mayo de 2010 a una comisaría de Milán en la que estaba detenida Ruby por un pequeño robo para exigir su liberación, asegurando que la joven era sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak.

La defensa El pasado día 3, los abogados de Berlusconi pidieron la absolución de su cliente, acusando a las juezas de estar predispuestas contra la defensa y que Boccasini actúa en base a prejuicios. Poco después de conocerse la condena, el viceprimer ministro y secretario político del partido de Berlusconi, Angelino Alfano, informó de que había telefoneado al ex primer ministro para manifestarle su “más profunda amargura” e invitarle a “aguantar y seguir adelante en la defensa de los valores, de los ideales y del programa que millones de italianos han visto encarnado en él”. Y es que la sentencia de este caso hace temer por la continuidad del Ejecutivo de coalición en el que participa el partido de Berlusconi, sobre lo que se han pronunciado algunos importantes exponentes de la formación, como Fabrizio Chicchitto: “Es una sentencia que apunta a hacer saltar el cuadro político existente. Es evidente que así la pacificación salta”.

Berlusconi también tiene pendiente la resolución del Tribunal Supremo sobre su condena por fraude fiscal en el caso Mediaset a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público y la apelación de la condena a un año de cárcel del caso Unipol, por la publicación de escuchas telefónicas en el diario Il Giornale, propiedad de su hermano Paolo. Asimismo, a finales de este mes comenzará la audiencia preliminar del juicio por la supuesta compra, en 2007, del senador Sergio de Gregorio para hacer caer al Gobierno de Romano Prodi.