El Reino Unido niega ahora el permiso de residencia a los cónyuges e hijos de inmigrantes que ganan menos de 22.000 euros anuales.
En la vida y en la política todo tiene un precio, lo mismo el amor que una carta verde. Mientras países como España y Malta ofrecen la residencia a quienes adquieran una propiedad inmobiliaria de en torno al medio millón de euros, el Reino Unido niega el permiso de residencia a los cónyuges e hijos de aquellos ciudadanos británicos que ganan menos de 22.000 euros anuales. Lo cual, en la práctica, niega a la mitad de la población el derecho a casarse con alguien de fuera de la Unión Europea.
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Cameron visitó ayer las obras del puerto de contenedores London Gateway, en el estuario del Támesis
Esta medida, que entró en vigor hace unos meses y cuyo impacto está siendo revisado ahora por un comité parlamentario, encaja dentro del paquete de restricciones a la inmigración adoptado por el actual Gobierno, en respuesta a las preocupaciones de las clases trabajadores por el impacto de la llegada de extranjeros sobre el mercado laboral y el reparto de los beneficios sociales, y también para frenar el avance de los euroescépticos del UKIP (que abogan directamente por la salida de la UE y el virtual blindaje de las fronteras).
“Si un británico o un residente pretende traer familiares al país, es lógico que el Estado quiera asegurarse de que tiene los medios necesarios para mantenerlos y que no sean una carga para el erario”, dice el diputado conservador Mark Reckless. Pero la baronesa Sally Hamwee, liberal demócrata, estima que “el efecto de la ley es separar a numerosas familias, algo que no es justificable por criterios meramente económicos, y menos por uno tan arbitrario como un sueldo que el 47% de la población no alcanza”.
El comité de la Cámara de los Comunes ha llegado a la conclusión de que unas 18.000 personas al año no podrán traer a sus maridos, mujeres e hijos al Reino Unido en virtud de estas restricciones. Los diputados escucharon testimonios como el de un pastor inglés del Ejército de Salvación que ha tenido que pedir el traslado a Dublín para reunirse allí con su esposa georgiana porque su salario de 900 euros mensuales está por debajo del baremo establecido por el Gobierno. O el de un residente del condado de Kent que se ve separado de su mujer nigeriana y sus dos hijos.
Organizaciones como la Red de Protección de los Derechos de los Emigrantes han declarado que es “muy cruel que el Gobierno ponga un precio al amor, y los ciudadanos se encuentren en la disyuntiva de quedarse en Gran Bretaña o tener que abandonar el país para estar junto a sus seres queridos. Las demandas económicas son especialmente graves para las familias numerosas ya que, aparte de los 22.000 euros de sueldo exigidos para traer a un cónyuge, hay que añadir otros 2.800 euros por cada hijo.
El Gobierno Cameron prima la entrada de los extranjeros que hablan inglés y tienen una buena educación, y ha restringido el acceso a la sanidad pública y las viviendas de protección oficial incluso a los nativos de países de la Unión Europea.