La Comisión Europea observa con preocupación el tono que está adquiriendo el debate sobre la libre circulación de personas dentro del territorio europeo. Hasta ahora este pilar básico de la integración comunitaria sólo había sido puesto en cuestión por políticos populistas de algunas regiones del norte de Europa. Pero el discurso ya no es exclusivo de los Geert Wilders (líder del partido islamófobo holandés PVV) o los Chris Pain (jefe del Ukip británico) de turno. Ahora incluso Alemania ha alertado de que los movimientos migratorios entre estados miembros tienen un «fuerte impacto económico en determinados países».

El asunto fue discutido en la reunión de ministros de Interior de la UE el pasado viernes en Luxemburgo. En presencia de la comisaria del ramo, Cecilia Malmström, los cuatro países que días antes habían enviado una carta exponiendo su preocupación por este asunto –Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria– se quejaron ante el Ejecutivo comunitario de que sus países están acogiendo a miles de ciudadanos europeos que consumen los beneficios sociales del país sin apenas aportar a la hucha del Estado.

Bruselas quiere zanjar cuanto antes este debate por el riesgo que tiene de provocar conductas xenófobas dentro de la UE. De hecho, ha lanzado un mensaje a estos países al denunciar a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia Europeo por negarse a conceder beneficios sociales a miles de ciudadanos europeos. De acuerdo con las cifras que el país ha dado a Bruselas, entre 2009 y 2011 hubo 42.810 solicitudes para recibir ayudas de la Seguridad Social de las que 28.000 fueron rechazadas. La Comisión sostiene que el «test de residencia» que aplica
Londres para decidir si estos ciudadanos pueden o no recibir dichas ayudas no es el único criterio que debe tenerse en cuenta.

«Por supuesto que tenemos que proveer ayuda a quienes lo necesiten y que lo merezcan, pero nuestro sistema de ayudas no es una barra libre para todos», respondió el viceprimer ministro, Nick Clegg.

La comisaria de Interior ha criticado a estos cuatro países por no presentar datos sobre el hecho que denuncian, a lo que el ministro alemán de Interior, Hans-Peter Friedrich, le respondió que «sólo tiene que pasearse por Alemania para darse cuenta de que el problema es real». El representante español, Jorge Fernández Díaz, destacó que «la libre circulación está en el ADN de la UE». En los últimos 10 años el número de españoles que han emigrado a Reino Unido se ha triplicado, según el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero.

Pese a su enfado, Malmström ha accedido a elaborar un documento que recuerde los derechos y obligaciones de los ciudadanos europeos cuando viajan a otrostado miembro, pero ha advertido de que a estos flujos no se les pude llamar «inmigración» precisamente porque la UE permite la libre circulación. «Es uno de los grandes hitos de la construcción europea, pero se da por hecho que un ciudadano europeo en otro Estado miembro debe tener una actividad productiva», recuerda una fuente diplomática.

Este debate no se ha generado por casualidad. La crisis económica y los problemas presupuestarios de los estados miembros tienen buena parte de la culpa. Y hay otro motivo oculto del que nadie habla en público pero sí reconocen fuera de micrófono. «El año que viene acaba la excepción para los ciudadanos rumanos y búlgaros y se teme una llegada masiva de estos ciudadanos», recuerda un diplomático europeo.

Bruselas quiere evitar a toda costa que se repitan los casos como el de Holanda en 2012, cuando el citado líder xenófobo Geert Wilders pidió a sus conciudadanos que denunciaran las molestias que causan a la sociedad holandesa los rumanos, polacos y búlgaros que residen en el país. Holanda, junto con Finlandia y Alemania, siguen bloqueando la entrada en el espacio Schengen de Rumania y Bulgaria a pesar de que la Comisión ha concluido que ambos países cumplen todos los criterios.

Bruselas denuncia que Reino Unido niega beneficios sociales a europeos

Alemania, Austria, Reino Unido y Holanda son los más restrictivos