Cerca de 160 ciudadanos chinos detenidos en Ghana por su participación en actividades mineras ilegales serán deportados la próxima semana, según confirmaron fuentes del país africano.

«La repatriación se iniciará una vez que los inmigrantes o la embajada china pague el coste de su transporte», confirmaba a los medios locales Francis Palm-Deti, portavoz de los servicios de inmigración.

La expulsión masiva se produce días después de que el presidente ghanés, John Dramani Mahama, anunciara una campaña para detener las extracciones fraudulentas conocidas como «galamsey», en particular, en la región de Ashanti, así como paliar el «efecto llamada» que experimenta el país, segundo productor regional de oro.

Aunque la minería legal tampoco es que se quede corta en cuanto a quebraderos de cabeza. En 2006, la organización Action Aid denunciaba en un informe «La fiebre del oro: el impacto de la extracción en Ghana» la escandalosa contaminación sufrida en las zonas lindantes a la mina de Obuasi. Las cifras eran pavorosas: solo los acuíferos de esta localidad del sur ghanés contaban con unos niveles de hierro y manganeso 38 veces superiores al máximo legal.

Sin embargo, al margen de mala praxis en el sector, la reacción minera contra los empleados asiáticos amenaza con convertirse en tendencia continental.

El pasado agosto, una turba de empleados locales de la mina de carbón de Collum, situada a cerca de 325 kilómetros de la capital de Zambia, Lusaka, acababa con la vida de un capataz chino y hería gravemente a otro.

El motivo de la agresión fue la negativa de la compañía asiática a proceder con el aumento salarial que el Gobierno de Zambia había aprobado un mes antes. Conforme a éste, el sueldo mínimo quedaba establecido en 522.000 kwachas mensuales (algo menos de 100 euros) para sirvientas y empleadas del hogar, y 1,1 millones de kwachas (200) para los trabajadores sindicados.
Beneficios espectaculares

Pobres números, los rebatidos por la empresa de minería china, sobre todo ante los pingües beneficios que deja su relación con el Gobierno local.

Ya a comienzos de 2012, Lusaka reconocía que la creación hace cinco años de un cinturón económico en la región de Chambishi había generado cerca de 500 millones de dólares, solo en impuestos, así como unos ingresos por venta (la zona sirve de sede a una una mina de cobre del mismo nombre) de más de 4.000 millones.

De igual modo, desde entonces, 17 nuevas empresas se habían establecido en la región, pese a que los problemas tampoco han sido ajenos: Tres años antes, dos supervisores chinos fueron acusados de intento de asesinato tras emprenderla a disparos con 13 mineros que se negaban a incorporarse a su puesto de trabajo.