La neutral Suiza, sede de agencias humanitarias y del Comité Internacional de la Cruz Roja, votó ayer mayoritariamente a favor de hacer más difícil a los solicitantes de asilo conseguir la entrada en el rico Estado alpino. Con una participación del 39% y un resultado a favor del 78,5%, quedó refrendada la decisión del Parlamento que permite al Gobierno acelerar los trámites y reducir el tiempo de recurso de 30 a 10 días y que además niega la posibilidad de que el rechazo a hacer el servicio militar sirva como excusa para solicitar asilo. Suiza ya contaba con una de las leyes de asilo más duras de Europa, pero esta reforma enroca aún más el derecho de asilo y modifica lo que hasta ahora era una excepción, la posibilidad de presentar una solicitud en las embajadas en el exterior.

Además, la modificación establece la creación de centros de acogida especiales para aquellos solicitantes de asilo que presenten un comportamiento «no adecuado» y consolida la prohibición de casarse a todos aquellos inmigrantes que no tengan sus papeles en regla o refugiados cuyo estatus sea limitado en el tiempo. La líder verde, Adèle Thorens, mostró su «decepción» por el amplio aval dado por los ciudadanos a la reforma del Gobierno.

Con la votación de ayer, los suizos respondieron tajantemente a la convocatoria de los Verdes y varias ONG, al tiempo que profundizaron en el surco de una política de inmigración intimidatoria que se extiende incluso a los refugiados económicos procedentes de los países del euro a los que más duramente golpea la crisis, como España.

Suiza pretende cerrar sus fronteras a emigrantes de segunda titulaba recientemente el diario Les Echos, que citaba fuentes oficiales de Berna que afirmaban que «Suiza no quiere acoger más la miseria de Europa». Según esta información, el Consejo Federal suizo intenta limitar el número de inmigrantes europeos activando la cláusula de salvaguarda sobre la libre circulación de personas prevista en el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Suiza.

El Gobierno de Berna había utilizado esta salvaguarda el pasado abril, aplicada entonces para limitar la entrada al país de inmigrantes procedentes de los ocho nuevos países comunitarios (Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa) y pretende seguir haciéndolo escudándose en que la cláusula puede ser activada unilateralmente cuando el aumento del número de autorizaciones de residencia emitidas supera en un 10% a la media de las emitidas en los tres últimos años. Al parecer, y con el ritmo actual de llegada de inmigrantes de forma masiva procedentes de España, Italia y Portugal, ese 10% habría quedado superado el pasado 31 de mayo. El consejero federal Didier Burkhalter ha reconocido que «la cuestión de imponer la cláusula a todos los miembros de la UE está sobre la mesa».