Cobros de distintas cantidades de dinero a cambio de documentación, peticiones de favores sexuales y rectificaciones o desapariciones de expedientes sin explicación alguna. Un único funcionario de la Oficina de Extranjería de Huelva responderá por el escándalo que en 2006 puso contra las cuerdas a la Subdelegación del Gobierno a raíz de un informe que un agente de la Policía Nacional dirigió al Ministerio de Administraciones Públicas, destapando un rosario de irregularidades en el departamento de Extranjería.

El funcionario al que la Fiscalía apunta como responsable único de la trama se enfrenta a doce años de cárcel, según la petición de condena del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario, por un delito de cohecho continuado, dos de abusos sexuales y cinco de solicitud sexual en el ejercicio de funciones públicas. Además, podría ser inhabilitado por periodo de siete años para empleo o cargo público relativo a la tramitación de expedientes, información, asesoramiento, intermediación, formación y apoderamiento de ciudadanos extranjeros.

Junto a él, se sentarán en el banquillo dos ciudadanas de origen chino propietarias de diversos comercios en Huelva, acusadas de cohecho, a las que se ofreció a tramitarles de forma positiva diversas solicitudes de trabajo y residencia de ciudadanos chinos aunque no cumplieran con las exigencias legales, cobrando por dicha práctica 8.000 y 5.00 euros, respectivamente.