El PP catalán quiere aprovechar los recortes a los que se ven sometidos miles de ciudadanos por parte de la Generalitat para tratar de que el Govern de Artur Mas limite el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios sociales bajo el argumento de que deberían tener prioridad quienes más años hayan cotizado a la Seguridad Social.

Así consta en una moción que presentarán en el Parlament sobre inmigración y que propone, entre otras medidas, que se vete el acceso a las ayudas sociales a aquellos extranjeros que lleven «poco tiempo» –sin especificar cuánto exactamente– empadronados en Cataluña. La propuesta, revelada ayer por Europa Press y que es consecuencia de la interpelación que hizo el pasado miércoles el diputado Rafa López a la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, emplaza al Ejecutivo catalán a modificar los requisitos para acceder a «determinadas ayudas sociales».

Pese a nadar en la inconcreción al no señalar a qué ayudas sociales se refieren los populares, la moción sí especifica que en plena crisis económicas, debería exigirse la residencia legal para poder acceder a las prestaciones, así como que se amplíen los años de empadronamiento para tener derecho a recibirlas.

Según argumenta el texto, «es injusto que en una época de recortes generalizados como está llevando a cabo la Generalitat se estén dando ayudas a personas que se encuentran en situación irregular y que llevan poco tiempo entre nosotros, y, a la vez, se estén retirando a ciudadanos que han trabajado y cotizado toda la vida».

La propuesta, en todo caso, no es nueva y recoge lo incluido en el programa electoral del PP para la campaña de las autonómicas de noviembre. Así, durante aquel periodo, la líder del partido, Alicia Sánchez-Camacho, ya planteó limitar las ayudas no básicas a aquellos inmigrantes que no lleven al menos 18 meses residiendo legalmente en Cataluña. El escenario donde anunció la medida fue, precisamente, Badalona, convertido en el campo de pruebas del PP en cuestiones de inmigración. No en vano, su alcalde, el también popular Xavier Garcia-Albiol, ha protagonizado diversos escándalos vinculados con su postura ante los inmigrantes irregulares e incluso se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados por promoción de la xenofobia y el racismo. El ayuntamiento que lidera, mientras tanto, no se detiene y sigue trabajando en un reglamento para reducir el acceso a las ayudas «no básicas» a quienes lleven al menos cinco años empadronados en la ciudad.

La moción parlamentaria del grupo del PP, asimismo, insta al Govern a promover que los ayuntamientos delaten a las Brigadas Provinciales de Extranjería de la Policía Nacional a aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España y cuyos datos se encuentren en el padrón, llave que permite el acceso a los servicios sociales. También reclama un mayor control en la inscripción en los formularios municipales, exigiendo que se presente el pasaporte o la autorización de residencia.

Quiere que tengan prioridad quienes lleven más tiempo cotizando