El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una estrategia específica para evitar posibles atentados de yihadistas individuales. Las acciones de estos lobos solitarios representan ahora «una de las amenazas más difíciles de detectar y neutralizar», según fuentes de la Seguridad del Estado. El instigador de los lobos solitarios es el español de origen sirio Mustafá Setmarian, a través de los textos que publica la revista Inspire. En el último de ellos ha llamado a ejecutar en Europa ataques individuales.

Dentro de su Plan de Lucha contra la Radicalización, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista prestará atención principal a la prevención del fenómeno del terrorista individual, que se manifestó por última vez el sábado en París.

Desde que el psiquiatra del Ejército estadounidense Nidal Malik Hasan cometiese una matanza en noviembre de 2009 en la base de Fort Hood, los atentados islamistas tienen en común su ejecución por individuos aislados que actúan de forma espontánea: así lo hicieron Mohamed Merah en Toulouse, los hermanos Tsarnaev en Boston y Michael Adebolajo en Londres.

Interior entiende que España no es ni mucho menos ajena a esta amenaza y el miércoles, el mismo día que un soldado británico moría degollado ante las cámaras en la capital del Reino Unido, la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige Francisco Martínez, encargó un documento que establece las líneas generales de un plan de acción contra los terroristas individuales.

Como ya informó este diario en abril, las fuerzas de seguridad mantienen vigilada a una treintena de individuos radicalizados por el temor de que puedan pasar a la acción y cometer un atentado.

Las fuentes consultadas clasifican a los lobos solitarios en tres grandes grupos: «Individuos autorradicalizados que deciden realizar una acción por sí mismos sin presión o intervención de agentes exteriores; aquéllos que actúan solos, pero con la intervención de un líder en su proceso de radicalización o en la planificación del ataque, y personas inestables mentalmente que se expresan violentamente a través de matanzas».

En todos los casos, su actuación es casi imposible de prevenir. Como parte de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional que desarrolla un grupo que implica a seis ministerios, el Plan de Lucha contra la Radicalización pondrá el acento en evitar la captación de nuevos terroristas, reforzando especialmente la vigilancia sobre los focos de radicalismo e identificando individuos vulnerables para minimizar su exposición a mensajes yihadistas.

Aunque no hay un perfil definido del terrorista individual, en todos los casos que se han conocido desde 2006 existe un elemento fundamental en común: el acceso a contenidos de proselitismo radical en internet.

La intención de Interior es, por esa razón, dar prioridad a su Plan contra el Ciberterrorismo, cuyo objetivo es detectar actividades de adoctrinamiento e incluye la monitorización constante de páginas y foros en los que se divulguen mensajes radicales.

A lo largo de 2013, las fuerzas de seguridad han arrestado en España a cuatro personas con perfil de lobo solitario o similar: los marroquíes Mohamed Echaabi, Ridouan ben Omar y Hasan Jaaouani, y el argelino Nouh Mediouni. Sólo este último permanece en prisión, después de haber confesado que pertenece a Al Qaeda. Los otros tres están imputados, pero en libertad, como los cuatro que fueron detenidos en 2012.

En estos casos, la actuación policial suele ser muy preventiva, con el argumento de evitar riesgos. Pero para poner a un detenido la etiqueta de terrorista, los jueces aplican la jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo desde la sentencia del 11-M: «No basta demostrar que el acusado piensa de una determinada manera, o que contacta o se relaciona con otros de la misma o similar ideología. Es necesario probar, al menos, que ha decidido pasar a la acción».

Para facilitar las intervenciones policiales contra el islamismo, en 2010 se incorporaron al Código Penal los delitos de captación y adoctrinamiento y el de «distribución o difusión pública» de mensajes dirigidos a «alentar» la perpetración de atentados o a incrementar el riesgo de los mismos. Este último ha sido muy criticado por una parte importante de la doctrina jurídica, que entiende que puede vulnerar la libertad de expresión.

> Vea hoy en Orbyt el análisis de Joaquín Manso.