Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual 2013. En él asegura que el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas y emigrantes, y también para las que pierden sus hogares tras sufrir desalojos forzosos. El respeto a la soberanía de un Estado no puede ser utilizado como excusa para la inacción o la violación de derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU debe oponerse a los abusos que destruyen vidas y obligan a la gente a huir de sus hogares. Eso significa rechazar doctrinas carentes de moral que aseguran que el asesinato en masa, la tortura y el hambre son meros «asuntos internos» de los Estados.

Es una ironía que les resulte más difícil cruzar una frontera a los refugiados que a las armas que contribuyen a generar violencia y obligan a las personas a huir de sus hogares. Por si fuera poco, con la excusa de la crisis económica los gobiernos de muchos países están impulsando medidas que, en ocasiones, dan la espalda a la protección de derechos humanos, como el acceso a la salud o a una vivienda digna. Medidas que afectan sobre todo a las personas más vulnerables, como las que han tenido que abandonar su hogar. En España, el Decreto ley 16/2012, que limita el acceso a la atención sanitaria primaria a personas inmigrantes en situación irregular, y la situación de indefensión frente a los desalojos en la que se encuentran miles de personas son algunos ejemplos.

Frente a este panorama hostil para los derechos humanos, se ha producido una respuesta ciudadana que los gobiernos no solo han ignorado, sino que han intentado reprimir o deslegitimar. Ya es hora de que los gobernantes – también en España y en la Región de Murcia – se pongan del lado de las personas, particularmente de las más indefensas. Esto es un principio ético fundamental. Los derechos humanos no tienen fronteras.