Los juzgados cordobeses han tenido que dirimir, a lo largo de los últimos meses, varios procedimientos por delitos de explotación sexual. Y en la mayoría de ellos, los acusados han resultado absueltos. Bien por testimonios inconsistentes o por cambios en las versiones dadas por las víctimas, lo cierto es que a los togados, ante la falta de pruebas contundentes no les queda más remedio que adoptar el principio jurídico «in dubio pro reo», esto es, en caso de duda, siempre se debe beneficiar al procesado.

Cabe destacar que la prestación de servicios sexuales por parte de una mujer está aceptada y no está tipificado como delito si es absolutamente libre. Pero la dificultad radica en este punto, en demostrar que la fémina que vende su cuerpo no lo hace coaccionada ni bajo amenazas.

En estos casos, la Ley ya contempla todo un rosario de penas contra el entorno que suele acompañar a esta actividad (proxenetismo, maltrato, inmigración ilegal, tráfico ilegal de drogas, blanqueo de dinero, extorsión, etcétera). Sin embargo, según manifestaron fuentes policiales a este periódico, «si las chicas no denuncian, es muy complicado imputar a sus explotadores».

La última operación policial llevada a cabo en la capital tuvo lugar a finales del pasado mes de abril. Los agentes detuvieron a un hombre como presunto autor de los delitos de extorsión, agresión sexual, relativo a la prostitución, coacciones y amenazas contra una mujer latinoamericana, a las que supuestamente obligó a prostituirse bajo el pretexto de cobrarse una deuda de 15.000 euros. El asunto, por el momento, no se ha juzgado.

El caso que sí se llevará ante un togado en breve es el que se ha instruido contra diez procesados, a los que el fiscal pide una pena total que suma 20 años de cárcel por, presuntamente, inducir a una menor a prostituirse.

Según el escrito del fiscal, desde abril de 2011, la menor fue presionada por B.E.J. y M.B., encausadas, para mantener relaciones sexuales con a cambio de dinero. Contactaban con clientes a través de redes sociales y extorsionaban a la chica para que accediese a vender su cuerpo.

La menor se acostó con siete de los acusados, que le abonaron entre 50 y 80 euros por servicio, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.