ANA Mª FOPIANI / Cádiz
La Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía (Apdha) está recabando
toda la información necesaria
para probar al Servicio Andaluz de
Salud (SAS) el trato «discriminatorio
» dado a inmigrantes a los que se
les requirió un pago en metálico antes
de recibir asistencia sanitaria.
Rafael Lara, portavoz de Derechos
Humanos en Cádiz, asegura
que «son varios los casos registrados,
aunque no todos denuncian»,
con relación al previo pago para
recibir asistencia médica en la capital
gaditana.
En este sentido, apunta el caso
de un joven inmigrante regular «al
que se le han embargado 170 euros
de su cuenta bancaria por el impago
reclamado por el hospital universitario
Puerta del Mar, donde
fue atendido en el servicio de urgencias
». Apunta a que el SAS «ha
reclamado dinero a inmigrantes a
cambio de asistencia sanitaria». Es
el caso de dos mujeres, que desistieron
de ser atendidas después de
ser informadas de que debían abonar
80 euros por la asistencia, según
asegura Lara.
Ante estos hechos, el delegado
provincial de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía en
Cádiz, Ángel Acuña, se ha puesto
en contacto con la asociación para
que le remita toda la información
que obre en su poder con el fin de
«aclarar los hechos».
Desde la Delegación de Salud
reiteran que «la asistencia en los
centros del SAS es gratuita, sean
los pacientes inmigrantes o no».
Sobre la denuncia realizada por
Derechos Humanos, fuentes del
SAS aluden a «un posible error burocrático
o de información», pero
«en ningún caso» la intención «es
pedir dinero por la asistencia médica
». Añade que, «si los hechos
que denuncia Derechos Humanos
son ciertos, somos los primeros interesados
en solucionarlo, ya que,
de haberse producido, serían fruto
de un error que, por supuesto, se
subsanará».
En este sentido, aclaran que, «a
diferencia de otras comunidades,
en Andalucía los inmigrantes no
pagan la atención sanitaria, y no
existe ninguna orden o directriz
para que eso haya cambiado», por
lo que la Junta es «la primera interesada
en estudiar esos posibles
casos para averiguar qué ha podido
pasar y solucionarlo».
Por su parte, el diputado autonómico
de IU Ignacio García anima
tanto a la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía a «documentar
» la supuesta facturación de
servicios realizada por el hospital
Puerta del Mar a inmigrantes, como
al SAS a «investigar» este
asunto para que «no sucedan barbaridades
de este tipo».
García considera que «en Andalucía
no pueden darse situaciones
de este tipo» y afirma que le «consta
» que la política del Gobierno andaluz
«pasa por ofrecer atención
sanitaria a los inmigrantes».