Máximo castigo para unos padres que extirparon el clítoris a sus hijas cuando éstas tenían seis y 11 años. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 12 años de prisión al matrimonio Binta Sankano y Sekou Touray, de origen gambiano, por dos delitos de mutilación genital femenina.

Según la sentencia, entre el 5 de julio de 2010 y el 20 de enero de 2011, los condenados, «bien directamente o bien a través de persona de identidad desconocida», practicaron una ablación a las menores.

El tribunal destaca que los acusados realizaron la mutilación «motivados por sus creencias culturales y religiosas» conociendo «la prohibición de tal práctica en su país de residencia». Los jueces recuerdan que en este periodo las menores no salieron del país, por lo que la ablación se hizo en España.

Durante el juicio, los condenados negaron que hubieran realizado o permitido esta ablación y alegaron que ignoraban que esta mutilación fuera delito, ya que ni médicos, ni maestros ni asistentes sociales les habían informado nunca de ello. Pese a esto, el tribunal recuerda que el padre de las víctimas lleva más de 22 años residiendo y trabajando en España, por lo que debe tener «una aceptable integración social». Sobre la condenada, los jueces destacan que lleva 15 años viviendo en Vilanova i la Geltrú y que pese a ser analfabeta tiene que conocer la ilegalidad de la práctica de la ablación.

«Aberrante»

La sentencia destaca que este tipo de mutilaciones son «aberrantes» y «menoscaban seriamente la dignidad de la persona, so pretexto de un ritual iniciático relegando a la mujer a un puro instrumento del hombre cuando mantiene relaciones sexuales». Las menores están bajo la custodia de la Generalitat.

El tribunal hace referencia a un informe de los técnicos del Ayuntamiento de Vilanova, que mantuvieron en 2008 una entrevista con la madre en la que se le explicó que la ablación estaba penalizada en España. Además, se establecía el protocolo para las menores de entre 6 y 12 años, por lo que si querían viajar a su país antes y después debían pasar por un examen ginecológico.

Los jueces dicen que la condenada asumió el compromiso de no practicar la ablación a sus hijas, pese a que salió de la entrevista «contrariada, enfadada».