Un inmigrante sobre el que pesa una orden de expulsión por haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Almería por un delito de secuestro alegó, para evitar la ejecución de dicha medida, que tiene suficiente arraigo en España.

Para ello argumentó que además de disponer de un puesto de trabajo, también tiene comprometido un préstamo hipotecario que ha de devolver a una entidad bancaria. Al recurrir el acuerdo de la Delegación del Gobierno en Murcia ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el demandante indicó que se encuentra trabajando en territorio nacional desde hace doce años.

En concreto, tiene contrato desde el año 2001, y alega que está casado y que es padre de un hijo nacido en territorio español.

Asimismo expuso que, junto con su esposa, adquirió una vivienda en la pedanía murciana de Alquerías, «sobre la que pesa una hipoteca». Subrayando que dicho préstamo no lo han terminado de devolver y mostrándose dispuesto a saldar la deuda con la entidad bancaria.

Cuatro años y medio de cárcel

La sentencia del Tribunal Superior Justicia (TSJ) señala que la Delegación del Gobierno de Murcia acordó su expulsión, al tener conocimiento de que la Audiencia Provincial de Almería lo había condenado en noviembre de 2008 a cuatro años y seis meses de prisión. La condena se produjo como consecuencia de un delito de secuestro y otros.

En un intento de evitar su expulsión, el demandante acudió a los tribunales para pedir que la medida quedara en suspenso hasta que los jueces entraran en el fondo del asunto, pero un juzgado de lo Contencioso desestimó su petición, por lo que acudió entonces al TSJ.

Finalmente, la Sala ha estimado su recurso y ha paralizado la expulsión, al considerar que se ha demostrado que trabajo, hipoteca, mujer e hijos son suficiente arraigo en España.