La Policía Nacional ha acabado en Cataluña con un entramado que llegó a defraudar casi ocho millones de euros a la Seguridad Social. Una estructura delictiva cuya investigación se alargó durante todo un año y cuyas conclusiones han permitido a las unidades contra los delitos financieros y de extranjería detener a 145 personas e imputar a otras 275.

La trama creada para defraudar al erario público hasta 7,8 millones de euros se basó en el uso durante años de una veintena de empresas ficticias supuestamente dedicadas a la construcción, la jardinería o los servicios de limpieza, pero tras sus domicilios fiscales en realidad sólo había un vacío. Así lo comprobaron los agentes de la Unidad de delitos fiscales (Udef) que se presentaron en oficinas de Barcelona como en el 152 de Balmes o en la calle Robadors. Únicamente dos de dichas organizaciones tenían una misión real. El resto del entramado no realizaba, en cambio, ninguna labor.

Eso no impidió que desde éstas se emitieran cientos de contratos a falsos trabajadores para que éstos pudieran acabar cobrando la prestación por desempleo o subsidios. Éstos, además, abonaban previamente una cantidad a sus contratadores para poder entrar en la rueda clandestina que les permitía no sólo constar como dados de alta en la Seguridad Social, sino también acelerar su regularización en España.

Según fuentes policiales, la mayoría de los detenidos entre empresarios, administradores y supuestos empleados son de nacionalidad marroquí, además de otro grupo de magrebíes que ya habían logrado su nacionalización y un pequeño sector de españoles. El mayor número de detenciones se produjo a lo largo de las últimas semanas en Barcelona, con 60 arrestos, seguido por Gerona –otros 57– y otros 28 en Tarrasa (Barcelona). Fuentes conocedoras del operativo señalaron ayer que en los próximos días podría aumentar el número de arrestos, además del volumen de lo estafado a la Seguridad Social.

Los investigadores de la Policía Nacional todavía deben calcular el montante total de lo abonado a la red a través de subsidios por desempleo que llegaron a cobrar los implicados –hasta el momento, más de 2,9 millones de euros– así como los impagos a la Tesorería de la Seguridad Social. Todos los arrestados se encuentran en libertad con cargos.