El juicio contra la red neonazi alemana NSU, responsable de la peor ola de atentados terroristas registrada en el país en los últimos veinte años, comenzó ayer en Munich. Va para largo, se espera que dure hasta el 2015. La principal pregunta de este asombroso y sospechoso caso no va a obtener respuesta en este juicio. Se trata del nivel de complicidad de estructuras estatales con esta trama, autora de diez asesinatos –nueve de ellos racistas–, dos grandes atentados con bomba en barrios de emigrantes, y 15 atracos.
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Beate Zschäpe, miembro del NSU, comparece ante el tribunal de Munich que la juzgará en un proceso que se alargará hasta el 2015
¿Cuánto Estado hay escondido detrás de tanta violencia, que se cebó, sobre todo, con la comunidad turca? Desde sus inicios, este grupo nacido en Jena (Alemania Oriental) en los años noventa estuvo rodeado de confidentes policiales, colaboradores e infiltrados del servicio secreto interior (BfV), una policía política orientada a la lucha contra el comunismo que, desde su fundación en 1950, se nutrió de exnazis.
El grupo Clandestinidad Nazi (NSU) sólo tiene tres miembros reconocidos oficialmente, pero a su alrededor revolotearon al menos 25 confidentes e infiltrados del BfV. El Estado, aun así, no se enteró de su existencia hasta pasados diez asesinatos, quince atracos y dos atentados con bomba. En total, 11 años de impunidad, entre el 2000 y el 2011.
Miembros del BfV estuvieron en el escenario y momento de, por lo menos, un crimen: el 6 de abril del 2006, cuando el NSU asesinó a Halit Yozgat en un cibercafé de Kassel. Antes, el 9 de junio del 2004, la policía había rondado el lugar de la explosión de una bomba en la Keupstrasse de la ciudad de Colonia que hirió a muchos inmigrantes .
A lo inusual de estas circunstancias se suma la desaparición o destrucción de material de archivo, negligencias tras el descubrimiento del primer taller de bombas del grupo, las mentiras y ocultamientos en las declaraciones de funcionarios de la seguridad a la comisión de investigación del Bundestag. Todo eso, que es tan extraño, es la lista habitual allí donde se ha sospechado que los servicios secretos de Europa occidental han estado involucrados en crímenes y terrorismos.
“Hablar de chapuzas, errores y patinazos no es creíble”, dice Paul Wellson, experto en este caso del Parlamento de la región de Turingia, donde se encuentra Jena. “Lo que hay que preguntarse es qué relaciones hay entre los servicios secretos alemanes, la criminalidad organizada y la extrema derecha”, explica.
Esa misma pregunta se plantea desde febrero en el juicio del siglo de Luxemburgo: 24 atentados con bombas en 1984 y 1985 atribuidos a la red Stay Behind, de la OTAN, un caso que está siendo completamente ignorado por los medios alemanes, pese a que uno de los testigos ha identificado a un agente del servicio secreto alemán (BND) como el autor de 18 de aquellas bombas y coautor de la masacre de la Fiesta de la Cerveza de Munich de septiembre de 1980, el mayor atentado con bomba de la historia de la posguerra alemana, un caso no resuelto que dejó 13 muertos y más de 200 heridos.
“En el caso NSU tenemos que preguntarnos qué papel jugó el Estado”, dice el profesor suizo Daniele Ganser, el máximo especialista en las tramas negras de los años setenta y ochenta vinculadas a la OTAN. “A diferencia del caso de Luxemburgo, aquí no se trata del BND, sino del BfV, y lo que hay que aclarar es si fueron chapuzas, fallos garrafales que pueden suceder, o si hubo manipulación”. “En ese segundo caso”, dice Ganser en declaraciones a La Vanguardia, “se trataría de cosas que ocurrieron con participación del Estado, o bien con estructuras paralelas”. “La pregunta es por qué esto no se puede aclarar y si hubo alguien que tuvo protección gubernamental”, concluye.
Aunque se cree que el NSU tuvo un centenar de cómplices y ayudantes, en el juicio de Munich solo hay cinco acusados. Beate Zschäpe es la principal incriminada. Sus dos colegas, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, se suicidaron, según la versión oficial, al verse cercados por la policía en noviembre del 2011. Zschäpe compareció serena y se puso de espaldas a las cámaras. Está acusada de complicidad en todos los atentados. La canciller Angela Merkel ha calificado el caso de “vergüenza para Alemania”.