D. S. B. D. se encontraba en paradero desconocido y no compareció en junio de 2012 al juicio oral que contra ella, y otras tres personas más, se siguió en la Audiencia Provincial de La Rioja por delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, prostitución, detenciones ilegales y contra los derechos de los trabajadores. Fue localizada en febrero de 2013 y el día 12 de ese mes ingresó en prisión, desde donde ayer fue conducida hasta la sala de vistas de la Audiencia para rematar el procedimiento. Con antelación, un forense había determinado que se encontraba en condiciones psíquicas (cognitivas y volitivas) suficientes para declarar sobre los hechos que se le imputaban.
El ministerio fiscal solicitaba para ella un total de veintiocho años y medio de cárcel por los delitos mencionados, si bien mediante un acuerdo entre las partes aceptó una pena de cuatro años y medio de prisión única y exclusivamente por el delito contra los derechos de los ciudadanos del artículo 318 bis del Código Penal, relativo a la promoción de la inmigración clandestina y el tráfico ilegal de personas con destino a España.
D. S. B. D. entró de rodillas a la sala de vistas, mostró una mirada desafiante, se descalzó de su pie izquierdo, enseñó al tribunal un tatuaje de su muslo derecho y, en su alegato final, aseguró que «todos somos hijos de Dios», no sin antes recurrir a una cita bíblica: «Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra», afirmó para responder al presidente de la sala sobre si estaba o no conforme con la pena acordada.
Indicó más tarde que se consideraba «culpable e inocente» y que no estaba de acuerdo en tener que regresar a prisión, puesto que «ya he pagado lo justo». En este momento, el magistrado presidente pidió a la encausada que mantuviera una conversación con el letrado que la representaba y le advirtió que, de no aceptar el acuerdo de conformidad, la vista oral debería realizarse.
De rodillas
Tras regresar a la sala de vistas, D. S. B. D. fue interrogada de nuevo por el juez para ver si aceptaba la pena de cuatro años y medio de cárcel. La mujer respondió con un ‘sí’ rotundo y volvió a ponerse de rodillas, momento en el que los agentes de Policía Nacional que le custodiaban le conminaron a permanecer de pie.
De acuerdo con el relato de los hechos recogido en el informe del ministerio público, D. S. B. D. y su entonces compañero sentimental D. B. condenado a cinco años de prisión por favorecer y facilitar la inmigración ilegal se encargaban de recoger en Madrid a mujeres, fundamentalmente de procedencia suramericana, a las que obligaban a prostituirse en pisos de Logroño y en un club de alterne de Calahorra. Les prometían trabajos como cocineras o peluqueras en España pero, después, una vez en territorio español, les exigían, bajo amenazas, el pago de la supuesta deuda que habían contraído con la organización por el viaje y otros gastos.
Fue precisamente una de estas mujeres la que, en un descuido de sus vigilantes, consiguió dar aviso a la Policía Nacional y la que después, como testigo protegido, detalló los hechos ante los magistrados de la Audiencia.