El Ministerio del Interior mantiene el Plan Mayor Seguridad, dirigido a la tercera edad, que se ha convertido en objetivo principal de atracadores

Durante el primer trimestre del año, en la demarcación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (la capital y otros 14 grandes municipios de la periferia, que suman unos 5 millones de habitantes), se han producido 75 asaltos violentos en viviendas. La puesta en marcha de un plan especial acabó la semana pasada con la detención de dos jóvenes que podrían estar detrás de los robos por este sistema a una treintena de ancianas. Un grupo, según los responsables policiales, «que estaba causando una gran alarma social entre las ancianas madrileños».

El jefe superior de Policía, Alfonso Fernández Díez, reconoció la «preocupación del Cuerpo sobre agresiones a menores y personas de la tercera edad». Porque no sólo son víctimas estas personas de robos en sus casas; también por la calle y a la salida del banco, especialmente. «Lo importante es que este colectivo no se vea solo. Los policías también pueden ayudarles a ir al banco, a cobrar la pensión», agregó la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.

De hecho, existe el llamado Plan Mayor Seguridad, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 2011 y que busca «que muchos de estos asaltos sean evitados con información preventiva, que los ancianos tomen precauciones a la hora de entrar en sus casas», especificó Cifuentes. El plan parece que ha dado sus frutos, pese a que en los últimos meses este colectivo, el de la tercera edad, está sufriendo una mayor victimización.

Durante 2012, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil realizaron más de 1.400 actuaciones en este marco:1.072 atenciones a personas mayores y 385 charlas en centros de la tercera edad y asociaciones de la Comunidad de Madrid.

Hasta esta primavera había otro grupo criminal similar al que se acaba de desarticular, con el mismo «modus operandi» y objetivos, que andaba suelto también por Madrid. Lo conformaban tres rumanos, Florin Ispaz, de 31 años; Ionel Urse, de 28, y Marian Stanciu, de 23. Entre todos suman 11 antecedentes en las bases de datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Tenían su domicilio en la calle de Rodríguez Espino, 9 (distrito de Puente de Vallecas). En el registro realizado se encontraron joyas y dinero, procedentes presuntamente de desvalijar a ancianas.

Las zonas más victimizadas por estas prácticas son Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Leganés, San Blas – Canillejas y Puente de Vallecas. También se han producido más casos en Hortaleza, Villaverde y Carabanchel.

Los atracadores suelen actuar en pareja, lo que en el argot policial se conoce como «consortes» en el delito. Buscan a mujeres de más de 70 años, en la vía pública o a la salida de las bocas de Metro. Las siguen y, luego, en el interior de los portales y por la espalda, las aborda y les tapan la boca.

Las obligan a que les franqueen la entrada a sus viviendas, y en ocasiones las amordazan y atan. Se han dado casos de mayor violencia, en los que han golpeado a las víctimas, que han acabado en el hospital con lesiones y crisis de ansiedad.

Ha habido casos aún peores. El 20 de marzo pasado, Raquel G. M., de 81 años, fue hallada muerta en su casa, junto a la sala de conciertos La Riviera. La caja fuerte de su domicilio estaba abierta y se habían llevado unos 12.000 euros y una joya de gran valor. Homicidios anda tras los autores.

Uno de los casos más graves se ha producido en Moratalaz. Los ladrones arrancaron a una mujer la pulsera que llevaba puesta y la anciana cayó rodando por las escaleras de su bloque. En otro caso, se encontraron con la hija de la víctima en le piso. En la calle tienen preparado un coche, con el que huyen.

Todas las fuentes consultadas asocian el incremento de estos delitos, junto los de robos en viviendas (sobre todo, vacías), al auge de la compra – venta de oro. Dentro de este gremio de comerciantes hay de todo. En Madrid, por ejemplo, se cuentan unas 900 tiendas de este tipo.

Los agentes se quejan de que aún son endebles las medidas de inspección con las que cuentan. Los registros obligatorios de cada transacción que se producen en las tiendas de «compro oro» y que luego deben ser trasladados a la Policía están plagados de fraude. Hay delincuentes que incluso pagan a terceras personas para que sean ellas las que den la cara en la tienda y vendan las piezas robadas a su nombre.