Agentes de la Policía Nacional registran una de las empresas investigadas durante la operación desarrollada por fraude a la Seguridad Social. :: CNP

Año y medio de investigaciones, 158 detenidos y una estafa que supera el millón de euros, provocada por una trama con epicentro en Orihuela. Son los datos que, a grandes rasgos, definen una de las operaciones policiales de mayor envergadura llevadas a cabo en los últimos años contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Alicante.

Cinco empresarios y tres gestores del municipio oriolano y sus alrededores están acusados de ser los cabecillas de una red que ha proporcionado prestaciones a decenas de ‘clientes’, quienes, a cambio, pagaban hasta 3.000 euros por cada contrato, según se desprende de las pesquisas de los funcionarios de la Comisaría Provincial de Alicante.

La organización delictiva no solo ofrecía sus servicios para conseguir ayudas económicas, sino que también garantizaba a inmigrantes sin papeles la concesión de los permisos de residencia y trabajo, gracias a su mediación. Por ese motivo, entre los arrestados por la Policía Nacional alicantina figuran numerosos ciudadanos extranjeros que entraron en el juego de los ‘cerebros’ de este entramado.

Según acredita la investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Alicante, los máximos responsables de esta red delictiva creaban empresas ficticias con la única finalidad de proporcionar falsos contratos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia. Los beneficiarios llegaron a percibir hasta 12.000 euros por cabeza, según informó ayer el Ministerio del Interior.

La operación de los agentes de la Ucrif, adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se inició hace un año y medio, cuando detectaron tramitaciones administrativas que resultaron sospechosas. Desde entonces, la actuación se ha ido desarrollando en varias fases, hasta que recientemente se dio por concluida con la detención de los considerados principales responsables del fraude. Se trata de cinco empresarios y tres gestores de Orihuela y sus aledaños que, presuntamente, habían constituido un entramado empresarial ficticio para desarrollar su negocio ilegal.

Los supuestos cabecillas contaban con cómplices que les ayudaban a contactar con personas interesadas en convertirse en falsos trabajadores. La recompensa por afrontar este riesgo la lograban con el cobro fraudulento de prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). En otros casos, los de inmigrantes afincados en la provincia, se beneficiaban, además, de la regularización en España si carecían de documentación en regla.

Buena parte de las mercantiles creadas ni siquiera satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, según destacaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes han determinado que alguna de las sociedades involucradas ha llegado a sobrepasar la cuantía que determina que esa deuda se transforme en un delito.

Los ahora arrestados, supuestamente, cobraban cantidades que oscilaban entre los 200 y los 3.000 euros por cada relación contractual, según el tiempo de duración. Los interesados accedían así, engordando fraudulentamente sus cotizaciones, a jugosos ingresos económicos sin mover un dedo, gracias a la protección social del sistema público de empleo.

Para seleccionar a los ‘clientes’ extranjeros, los cabecillas contaban con gente de confianza que ejercía como intermediaria para su captación. Se estima que, por medio de la trama centralizada en Orihuela, más de 200 personas han podido obtener de esta manera su autorización de residencia en España.

La cantidad global defraudada a la Seguridad Social rebasa el millón de euros, según destaca la Comisaría Provincial de Alicante.