El Ayuntamiento volvió a entrar ayer por la mañana en el poblado chabolista de El Gallinero, situado junto a la Cañada Real, para derribar infraviviendas. Concretamente, tenía orden judicial de entrada y desalojo para dos chabolas pero, al final, ha tirado nueve. Las siete restantes se derribaron por orden administrativa, según precisó el portavoz municipal, Enrique Núñez, quien aseguró que los servicios municipales «habían constatado que estaban vacías».

El párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo, en Entrevías, Javier Baeza, denunció que la comisión judicial llegó tan temprano que ni tan siquiera esperaron a que los niños fueran al colegio. «Quizás lo hicieron porque sabían que estábamos sobreaviso», asegura.

«Había cinco furgones de antidisturbios municipales y tres coches patrulla de la Policía Local que acordonaron la zona. Les dijimos que íbamos a levantar a los niños y nos contestaron: ‘Hoy los levanta el Samur Social’».

Dice que les llamó la alcaldesa, Ana Botella, acusándoles de «impedir que los niños fuesen al colegio. Le he dicho que es absurdo, que llevamos siete años trabajando con ellos». No puede precisar si ha habido altercados pero cree que no. «A lo largo de tres horas y media, quizás cuatro, que han durado los trabajos, la situación se ha ido poniendo más brava».

El párroco asegura que los derribos han afectado «a unas seis familias. Son unos diez espacios, de los que dos viviendas se han constatado que se tiraron con autorización judicial». Afirma que cinco de ellas comparten la misma cocina y puede entenderse como una sola, pero la «Policía les ha hecho sacar los enseres».

Dice que «no es cierto lo que dice el Ayuntamiento de que el juzgado les autoriza a derribar. El juzgado no es el competente para hacerlo. Sólo autoriza la entrada y el desalojo a los agentes. Esa decisión de derribar es del Consistorio», asegura.

Finalmente, justificó que las familias hayan rechazado la ayuda de los Servicios Sociales. «La propuesta del Ayuntamiento es de tres días en un hostal, y ¿cómo van los niños al colegio? El 8 de marzo la Defensora del Pueblo solicitó que se paralizasen los derribos hasta que hubiese una solución global. Eso no se ha hecho», sentencia.

Por su parte, el portavoz municipal explicó que la demolición por vía administrativa se ha realizado, además de por estar vacías porque las «construcciones incumplen la normativa». En referencia a las autorizaciones de los tribunales, ha dicho que «cuando hay un mandato de la autoridad judicial hay que cumplirlo».

Finalmente, dijo sobre la hora a la que se han llevado a cabo los derribos que «va en consonancia con la autoridad judicial, cuando se puede presentar». Finalmente, precisó, sin concretar ninguna fecha, que las áreas de Urbanismo y Servicios Sociales están ultimando el Plan de El Gallinero.

Por su parte, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Dolores Navarro, precisó que una de las familias «había renunciado a los recursos» y que la otra «ya no estaba» en el poblado. «Estamos por la labor de que a la gente que vive en este asentamiento, ilegal e inhumano, podamos darle unas mejores condiciones de vida», precisó, según informa Europa Press.