Ayer hizo un año que una humanidad entera de inmigrantes y nativos sin numerar vive en España fuera del sistema sanitario público. Un año desde que el Gobierno redactara el Real Decreto 16/2012, seis números y una barrita que cambiaron el histórico modelo de asistencia universal y gratuita por el nuevo de asistencia a asegurados y repago farmacéutico.

Antes de aquel 20 de abril quedaban pequeñas bolsas de gente sin cobertura y algún copago disfrazado. Pero el Real Decreto que entró en vigor el 1 de septiembre volteó la filosofía del derecho a la asistencia, el espíritu de quién puede ser atendido y quién no, bajo la bandera de la «sostenibilidad» y la «eficiencia» del sistema. O sea, del ahorro.

Pese a que la sanidad se financia por impuestos directos e indirectos (al consumo, incluido), aquel día todos los inmigrantes sin regularizar, los españoles mayores de 26 años que nunca hubieran cotizado o los grandes rentistas perdieron sus tarjetas sanitarias. Desde entonces, y excepto para Urgencias o si son menores, embarazadas o enfermos crónicos, si quieren hospital público deben suscribir antes un seguro.

La ministra de Sanidad habla de un ahorro de 3.063 millones (sobre todo en farmacia) y de una aceptación «mayoritaria» del Real Decreto entre ciudadanos y profesionales.

Pero otros lugares cuentan otras cuentas. El CIS dice que siete de cada 10 españoles no aprueban la exclusión de los sin papeles, siete sociedades científicas han atacado el decretazo, seis CCAA han presentado recursos de inconstitucionalidad y la última encuesta de Diario Médico coloca un porcentaje absoluto de profesionales sanitarios críticos: 89%.

Frente al ahorro proclamado por el Gobierno, grupos que trabajan con inmigrantes y con españoles en apuros gritan un país un poco más enfermo: denegación de asistencia a quienes ya no tienen tarjeta, facturaciones en Urgencias, personas que no van al médico por miedo a que les cobren el servicio, caos administrativo y territorial a la hora de aplicar el Decreto, enfermos que no pueden pagar sus tratamientos crónicos…

Yo Sí Sanidad Universal, un grupo de profesionales y usuarios de toda España, mide en un dossier la fiebre de un año de sanidad sin todos.

Miedo a ir al médico y facturación en Urgencias. El anuncio de la retirada de la asistencia a los no asegurados ha provocado un «efecto de inhibición que llega incluso a los casos en los que la atención sigue cubierta». Yo Sí cuenta el caso de una latinoamericana, diabética, pendiente de arraigo, que fue advertida por teléfono de que su tarjeta ya no era válida y de que se le facturaría la atención en el centro de salud al que acudía siempre para recibir sus pastillas. Dejó de tratarse y ha tenido que ser ingresada dos veces en Urgencias. Uno de esos ingresos le fue facturado: 200 euros.

Médicos del Mundo lleva varios meses clasificando casos de facturaciones a sin papeles en los servicios de Urgencias de varias CCAA. La ONG no sólo recibe la información, sino que interviene con los hospitales para que no se acabe cobrando una asistencia que está excluida de la exclusión del Decreto y que debe ser gratuita. Han llegado a impedir el cobro de más de 1.400 euros a una marroquí que dio a luz en Toledo.

Agravamiento de enfermedades. «Sólo se les puede tratar desde Urgencias, con lo que se llega tarde y los tratamientos son más costosos. También se produce un retroceso en medicina preventiva», dice el dossier de Yo Sí Sanidad Universal.

Interrupción de tratamientos y negativas a consulta. Inmigrantes que estaban siendo atendidos por enfermedades crónicas han dejado de ir a las consultas o de ser atendidos. Al no tener tarjeta sanitaria, no aparecen en las bases de datos de los centros de salud y los hospitales y no pueden ser citados. En su informe de diciembre, Odusalud, un observatorio sanitario de la Comunidad Valenciana, contabilizó en dos meses 19 casos de negativas en consulta.

Además, «la introducción del copago en farmacia y en transporte sanitario provoca que la gente con menos recursos se está viendo con altas dificultades para cubrir su medicación». Yo Sí Sanidad Universal cita el caso de un diabético operado por un infarto que no puede pagar los 100 euros al mes que cuesta su medicación. La Asociación Española contra el Cáncer ha denunciado que muchos enfermos no pueden pagar la media de unos 60 euros mensuales que cuesta su tratamiento en fármacos. Sólo en Valencia, entre octubre y diciembre, Odusalud contabilizó 38 limitaciones al tratamiento.

Chapuza administrativa. Yo SíSanidad Universal es tajante: «No ha habido una reorganización del sistema aparejada a la norma. Se multiplican las barreras administrativas y las Urgencias se saturan. No puede retirarse la tarjeta sanitaria a 150.000 personas y decir que en Urgencias o a sus niños se les atenderá, pero luego mantener un sistema informático que obliga a la lectura automática de la tarjeta para dar esa atención».

Insumisión y crítica médica. Nueve de cada 10 médicos están en contra del Real Decreto (Diario Médico), porque, entre otras cosas, consideran que atenta contra su deber ético de atender a cualquier persona; 2.247 galenos están registrados como «objetores» en la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, y siete sociedades científicas (de medicina general, de salud pública, de medicina interna, antisida…) han criticado el texto gubernamental.

El 17 de febrero, la OMS afirmó que todos los países deben ofrecer una «cobertura sanitaria universal sin temor a la ruina económica». Diez días después, la defensora del Pueblo sostenía que la «protección de la salud debería pertenecer a la persona con independencia de su situación administrativa».

Desobediencia ciudadana. En ocho provincias españolas funcionan grupos de acompañamiento (sólo en Madrid hay 21): vecinos y sanitarios que informan a las personas sobre sus derechos a la asistencia sanitaria y llegan a ir con ellas a los centros de salud. También «se multiplican las reuniones informativas en ambulatorios y hospitales, donde los profesionales piden formación para seguir asistiendo dentro del sistema».

Inconstitucionalidad. El PSOE insinuó una queja al Tribunal Constitucional, pero no la ha elevado. Navarra, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias han presentado recursos (unas a la totalidad del Decreto y otras a algunos artículos), que el TC ya ha admitido a trámite.

Desigualdad en las CCAA. En función del grado de cumplimiento del Decreto, Médicos del Mundo divide a las CCAA en tres grupos. O, en lo que bautiza como El semáforo, en tres colores. En rojo están las que aplican a rajatabla el 16/2012: Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Canarias. En amarillo las que han buscado mecanismos propios para dar atención: Galicia, Castilla y León, Navarra y Valencia. Y en verde las que siempre se han opuesto y atienden sin trabas a los sin papeles: Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía.