El grupo parlamentario popular ha aprovechado la reforma del Consejo General del Poder Judicial que tramita en el Congreso para introducir varios cambios en la Ley de Extranjería, que permitirían al Estado expulsar a una persona a la que se haya reconocido protección internacional en la UE y cuente, además, con un permiso de residencia de larga duración o indefinido.
Se trata de dos enmiendas en las que se plantean cambios sobre aspectos de la norma que hasta ahora no hacían referencia de manera explícita a los refugiados. Sobre las expulsiones, la enmienda del PP prevé la introducción de un nuevo apartado en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, de modo que si el Gobierno decide expulsar a una persona que tiene permiso de larga duración y cuenta con protección internacional reconocida por otro país, se le envíe a este Estado salvo que antes de un mes informe a España de que la protección ya no está en vigor.
En cuanto a la reforma para la residencia de larga duración, la enmienda especifica que las personas que hayan obtenido protección en otro país de la UE pueden acceder a este tipo de permisos en España. Sin embargo, establece que «no se reconocerá la condición de residente de larga duración al beneficiario de protección internacional cuyo estatuto hubiese sido revocado, cesado, finalizado o cuya renovación hubiese sido denegada». Asimismo, introduce una causa más de extinción del permiso de larga duración: perderán esta autorización los refugiados cuyo estatuto de protección internacional concedido en otro país de la UE cese o sea revocado.