Raras veces una ley transforma de la noche a la mañana la vida de millones de personas. Esto puede ocurrir en Estados Unidos si el Congreso aprueba la reforma migratoria, que permitiría regularizar a los extranjeros que viven aquí sin documentos legales. Un grupo de ocho senadores demócratas y republicanos ultima una propuesta de ley que, en las próximas semanas, pondrá en marcha el proceso parlamentario que definirá el segundo mandato del presidente Barack Obama.

ALEX WONG/GETTY IMAGES/AFP Decenas de miles. Con el Capitolio de fondo, un activista por los derechos de los inmigrantes alza un cartel con la petición del derecho de ciudadanía para 11 millones de personas en una manifestación celebrada el miércoles en Washington

Con esta ley, personas como el limpiador salvadoreño Alexander Ventura, el tapicero mexicano Óscar Barrera, o la estudiante colombiana Karen Vanegas lo tendrían más fácil para obtener los papeles que legalicen su presencia en EE.UU. y algún día alcanzar el sueño de la ciudadanía estadounidense.

Los tres participaron el miércoles en una manifestación de más de diez mil personas –muchas, como ellos, inmigrantes indocumentados– ante el Capitolio, una de las muchas que se celebraron ese día por todo el país para presionar a los congresistas en un momento clave de la negociación sobre la reforma migratoria. Si se adopta la reforma, Ventura, Barrera y Vanegas –y hasta 11 millones de simpapeles– abandonarían el limbo actual. Podrían sacarse el permiso de conducir y no tendrían que depender de otras personas para desplazarse, usar el transporte público ni arriesgarse a recibir una multa. Barrera, que vive en California, explica que ha tenido que pagar varias pero que, al poseer un viejo permiso caducado, no le han retirado el vehículo.

Otros conducen con cuidado porque temen lo que pueda ocurrir el día que la policía les pare por cualquier infracción. En gran parte de este país de autopistas y transporte público precario, quien no tiene coche lo tiene difícil para trabajar y se arriesga a caer en la marginalidad.

Barrera, de 46 años, llegó hace diez años a Estados Unidos procedente de Jalisco. Tiene estudios de medicina y cree que, el día que consiga los papeles, se le abrirían oportunidades laborales que ahora le están vedadas.

Carecer de papeles supone numerosos problemas cotidianos para Vanegas, de 19 años. Explica que no pudo estudiar, como deseaba, en Miami, porque como indocumentada era más caro, y en su lugar estudia en la Universidad de Maryland, cerca de Washington. Tampoco puede regresar a su país.

“No puedo volar”, dice, porque no tiene un documento de identidad que se lo permita. “No puedo ir a la discoteca”.

Vanegas está en proceso de regularización y es posible que por esta vía obtenga los papeles antes de que la reforma migratoria sea una realidad. Para asistir a la manifestación ante el Capitolio, se vistió con la túnica y el birrete de su graduación en el instituto.

“Si este presidente no aprueba la reforma, ningún otro lo hará”, opina Ventura, de 25 años. Llegó hace siete a EE.UU. y vive en Washington, una de las ciudades con mejor transporte público.

Sin los inmigrantes simpapeles, la economía de EE.UU. se frenaría. Si se los deportase masivamente, como hasta hace poco proponían destacados líderes del Partido Republicano, el sector agrícola perdería un 25% de su fuerza laboral.

La reelección del demócrata Obama, con un fuerte apoyo de los ciudadanos de origen latino –y también de voluntarios de campaña indocumentados–, ha creado un momento propicio para la reforma. Una de las explicaciones que se dio de la derrota del republicano Mitt Romney en noviembre fueron sus mensajes hostiles hacia los inmigrantes.

Algo ha cambiado. El número de indocumentados ha bajado en casi un millón desde el 2007, según las estimaciones del Pew Research Center. El 58% son mexicanos.

La crisis económica que estalló ese año ha contribuido a ralentizar la llegada de extranjeros, y el miedo a los llamados ilegales ha dejado de dominar el debate.

Un 64% de estadounidenses apoya ahora una reforma que permita a los simpapeles acceder algún día a la ciudadanía, según un sondeo que ayer publicaron The Wall Street Journal y la NBC.

Tras la derrota de Romney, los republicanos concluyeron que, si persisten en la retórica hostil a los inmigrantes, perderán durante años a los latinos, la primera minoría, cada vez más influyente en las elecciones. La paradoja es que fueron dos presidentes republicanos quienes impulsaron los dos últimos intentos de reforma migratoria.

En 1986 Ronald Reagan firmó una ley que legalizó a tres millones de simpapeles. La reforma de George W. Bush, que en las presidenciales del 2004 consiguió más del 40% del voto hispano, fracasó por las resistencias en su propio partido.

Quienes votan son ciudadanos, pero los mensajes contra los simpapeles se perciben con frecuencia como declaraciones xenófobas contra la comunidad. Y no existe una división clara entre el inmigrante con papeles y el que no tiene papeles: muchos son familiares, amigos, conocidos…

La ley que prepara el Senado prevé exigir medidas para endurecer la vigilancia en la frontera con México antes de permitir la regularización de los inmigrantes. El camino no será fácil. El proceso que desembocará en la ciudadanía durará más de diez años, según los borradores.

Entre los simpapeles consultados en la manifestación ante el Capitolio, todos aspiraban a ser ciudadanos. “Sí, se puede”, coreaban, retomando el eslogan de los campesinos latinos de los años setenta, que Barack Obama convirtió en el yes, we can de la campaña del 2008.

Algunos ondeaban banderas de sus países de origen, pero la más presente –y la más vendida en los tenderetes– era la de las barras y estrellas. El sueño americano sigue vivo.