EDUARDO SUÁREZ / Nueva York
Corresponsal
Los inmigrantes sin papeles deberán
esperar al menos 10 años para
conseguir un permiso de trabajo y
sólo podrán conseguir la ciudadanía
estadounidense si se cumplen
ciertos requisitos de seguridad. Así
se desprende de la propuesta que
ultiman cuatro senadores demócratas
y cuatro republicanos que
trabajan desde hace meses para
llegar a un acuerdo sobre la reforma
migratoria.
Los legisladores no presentarán
su proyecto hasta la semana que viene.
Pero los detallesmás importantes
del texto se publicaron ayer en
las páginas de varios periódicos. Entre
ellos los requisitos de seguridad
que deberá cumplir el Gobierno federal
antes de legalizar la situación
de los inmigrantes y cuyo objetivo es
vencer las reticencias de los republicanos
de los estados sureños, que
desconfían del proyecto por creer
que podría suscitar un efecto llamada
similar al que desencadenó la reforma
migratoria de 1986.
Entre los requisitos necesarios
para la reforma, la propuesta establece
la creación de un control de
salida para detectar a quienes no
abandonan el país cuando expira
su visado. Una vía que según algunas
estimaciones habría usado casi
la mitad de los 11 millones de inmigrantes
sin documentación.
La propuesta ofrece un plazo de
cinco años a todas las empresas estadounidenses
para adherirse a un
sistema electrónico que permite
comprobar que sus empleados tienen
los papeles en regla. Hoy el sistema
apenas lo usa medio millón de
empresas y su extensión costaría
unos 3.000 millones de euros. Una
cifra que los senadores se proponen
financiar en parte con las multas y
los impuestos atrasados que deberán
abonar los indocumentados durante
su proceso de regularización.
Ningún requisito de la propuesta
es tan decisivo como la necesidad
de reforzar la seguridad en la
frontera conMéxico, cuyo objetivo
es ayudar a diluir las dudas de los
gobernadores sureños y facilitar la
aprobación de la reforma en la Cámara
de Representantes.
El texto ofrece unos meses al
Gobierno federal para presentar
un plan de cinco años con dos objetivos
concretos: supervisar todo
el territorio fronterizo y garantizar
que son detenidos nueve de cada
10 inmigrantes que intentan entrar
en Estados Unidos de forma ilegal.
A priori ambos extremos se antojan
una quimera. El primero porque
hace apenas tres años los expertos
decían que los agentes estadounidenses
sólo supervisaban un
44% de la frontera. El segundo porque
es imposible saber el número
de personas que intentan entrar en
el país sin permiso de trabajo. Quizá
por eso los senadores prevén la
creación de una comisión que revise
la seguridad de la frontera y sin
cuya aprobación el Gobierno federal
no podrá empezar a expender
permisos de trabajo a ningún inmigrante
en situación ilegal.
Entretanto, los inmigrantes tendrán
acceso a una especie de permiso
de residencia temporal que les
ofrecerá la tranquilidad de que no
serán deportados pero no la posibilidad
de trabajar. Un extremo que no
convence a las organizaciones que
luchan por los derechos de los inmigrantes
pero que los senadores consideran
imprescindible para llegar a
un consenso sobre inmigración.
Los defensores de la reforma migratoria
son conscientes de que le
espera un tortuoso camino legislativo
en el Capitolio. A los autores de
la propuesta les gustaría que se pudiera
aprobar en el Senado antes
del verano. Pero después
su destino estaría
en manos de la
Cámara de Representantes,
donde se podría
demorar durante
varios meses.
La reforma se aprobará
si ambos partidos
renuncian a sus
propuestas maximalistas.
A los demócratas
más progresistas
les gustaría incluir un
apartado dirigido a
proteger los derechos
de los homosexuales
y a los republicanos
más conservadores,
endurecer aún más
los requisitos de seguridad.
Dos extremos
que podrían poner en peligro la reforma
como ya ocurrió durante la
Presidencia de GeorgeW. Bush.
Todos coinciden en subrayar la
importancia del senador hispano
Marco Rubio, uno de los ocho impulsores
del proyecto, pero que en
los últimos días ha mantenido silencio,
temeroso quizá de dar un paso
que podría complicar su carrera
presidencial en 2016.