washington. El llamado Grupo de los 8 del Senado de Estados Unidos prevé presentar la próxima semana un proyecto de ley para una reforma migratoria integral que ofrecerá una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados y reforzará las medidas policiales contra la futura inmigración ilegal. “Este proyecto de ley contendrá las medidas para el reforzamiento de las leyes migratorias más duras en la historia de Estados Unidos (…) esta legislación será más dura que cualquier otra ley migratoria del pasado”, dijo una fuente del Congreso, que pidió el anonimato porque no está autorizada para discutir el plan en ciernes. Según señaló la misma fuente, el proyecto de ley – que podría ser debatido la semana del 6 de mayo – “aún está en proceso de elaboración”, pero incluirá una serie de condiciones para la seguridad en las fronteras y al interior del país, que deberán cumplirse en un plazo de diez años antes de que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar la “tarjeta verde” o residencia permanente.

Esas medidas de seguridad incorporan, además, una inversión de “miles de millones de dólares adicionales” para la vigilancia fronteriza, para lograr un nivel “satisfactorio” de seguridad en ese sector.

La legislación, que ofrecería una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados, también crearía un sistema de registro de salidas para evitar que las personas con visas temporales se queden en Estados Unidos cuando caduquen sus documentos. Además, crearía un sistema para reforzar el cumplimiento de las leyes que prohíben la contratación de indocumentados.

fuera de la sanidad Asimismo, excluiría a la población indocumentada de los beneficios de la reforma de salud de 2010 por un período de al menos trece y quince años. Así, los indocumentados que inicien un trámite para obtener un permiso provisional no podrán solicitar beneficios subsidiados por el Gobierno federal.

La iniciativa también prohíbe que personas con delitos graves, e incluso algunos delitos menores, puedan solicitar la residencia permanente.

Los indocumentados con un permiso provisional tendrán que reunir una serie de requisitos para la eventual residencia permanente, incluyendo el pago de una multa e impuestos, tener empleo, carecer de antecedentes penales y demostrar presencia física en el país durante todo el proceso de trámites.

La mayoría de estos puntos ya habían sido delineados en “los principios” que presentó en enero pasado el Grupo de los 8 del Senado, que elabora el plan reformista.

En las últimas semanas, el senador republicano por Florida, Marco Rubio – uno de los integrantes del Grupo de los 8 – , se ha hecho eco de las quejas de los conservadores de que el plan reformista debe ser sometido a audiencias y un debate.

“Creemos que cuanto más escrutinio reciba esta legislación, mejor resultará”, dijo Alex Burgos, un portavoz de Rubio.