Luis Enrique Helling Moro es un profesor que da formación a los agentes de la Policía Municipal de Madrid relacionada con las nuevas tecnologías en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse). Hellín no tenía antes la ‘g’ que cierra su primer apellido y se llamaba Emilio. Esta persona tiene el dudoso honor, por derecho propio, de formar parte de la historia más negra de la Transición española.

Se trata de un ultraderechista condenado a 43 años de prisión. Cumplió 14, con una fuga incluida de tres años a Paraguay, por matar en 1980 a Yolanda González Martín una estudiante de 19 años y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Finalmente, fue extraditado, pese a que en un primer momento el dictador Alfredo Stroessner le dio cobijo.

El Cifse «es un centro destinado a la capacitación y el entrenamiento de los profesionales de la seguridad, las emergencias y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid», según se precisa en la página web municipal. La relación contractual con la Administración local comenzó el 31 de marzo de 2011. Ese año dio en torno a cinco horas de clase; 16 en 2012 y, hasta febrero de este año, cuatro.

Hellín ha cobrado cerca de 80 euros por clase impartida. Casi 2.000 euros en total. Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid confirmó que da clases a la Policía Municipal en el Cifse. Concretamente, materias relacionadas con las nuevas tecnologías, de las que es un experto.

«El Consejo Rector del Cifse aprueba todos los años el listado de profesores. En este organismo, además de representantes del Gobierno municipal, hay miembros de CCOO, UGT; de los sindicatos policiales CCPM, UPM…; de la Academia Regional de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid (ARES) y representantes de los cuerpos de Seguridad y Emergencias (Bomberos, Samur, Policía y Agentes de Movilidad)», precisa la fuente informante. Nadie puso el grito en el cielo ni hizo ninguna objeción a su contratación.

La oposición en el Consistorio (PSOE, IU y UPyD) no cuenta con representación en este organismo.

«El Consejo Rector aprueba el profesorado de los cursos anualmente en base a los conocimientos técnicos que tiene. Además, los alumnos hacen una evaluación a los docentes», precisa. Este curso consta de un total 160 horas.

Desde el Consistorio explican su contratación por tratarse de «un profesional de prestigio en el gremio y del que se desconocía su pasado. Es ahora, con las diferentes informaciones que han salido en prensa, cuando ya se conocen esos datos, cuando el Consejo Rector deberá plantearse si se mantiene su contratación para el futuro o no». Fuentes municipales dan por segura la ruptura de su relación laboral con el Ayuntamiento.

Hay que señalar que la vinculación contractual de Hellín es esporádica. Se trata de un colaborador externo, ajeno al Consistorio, al que se le llama para dar clases a los agentes de la Policía Municipal. Ha trabajado, además de para el Ministerio del Interior, para la Ertzaintza y para los Mossos d’Esquadra.

El País informó de que en 1996 el asesino cambió su nombre por el de Luis Enrique, como refleja su acta de nacimiento. A partir de entonces ha colaborado y trabajado para la Policía Nacional y la Guardia Civil en diferentes investigaciones, según publicó el rotativo.

En su actividad profesional ha mantenido esa misma forma de contratar con las administraciones, como colaborador externo. También ha actuado de perito en juicios. Es cierto, que Hellín ha sabido moverse en el sector de la seguridad con cierta soltura. De hecho, es considerado un especialista en la recuperación y rastreo de información de teléfonos móviles.

En la página web de su empresa no consta su nombre cuando se detalla la relación de profesionales que trabajan allí pero sí el de su hijo. Cuando cometió el asesinato ya tenía 33 años. Estaba casado y con tres hijos. La muerte de la joven estudiante fue reivindicada por el Batallón Vasco-Español, grupo terrorista de ultraderecha. Este periódico se puso ayer en contacto con el entorno de Hellín para recoger su opinión. Tras hacerle llegar el mensaje no hubo ninguna contestación.

En el momento del asesinato era jefe de Seguridad de Fuerza Nueva (FN) del distrito de Arganzuela y se convirtió en líder del Grupo 41 del Batallón Vasco-Español, según ha publicado este periódico.

El 1 de febrero de 1980, siguiendo las órdenes del jefe nacional de Seguridad de FN, David Martínez Loza, se reunió en la academia que tenía con los otros miembros del comando: Ignacio Abad Valavázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero. A la reunión acudieron otros dos ultras, miembros de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad.

Juntos organizaron el secuestro y el asesinato de Yolanda González Martín. Tras el crimen, Hellín explicó que fue una venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco. El ultraderechista y sus secuaces estaban empeñados en que era militante de ETA y que la tenían que matar. No lo era. La joven fue ejecutada de dos tiros en la cabeza en un descampado de Madrid.

El asunto de las clases de Hellín ha caído como un jarro de agua fría en los grupos de la oposición municipal. El portavoz de Seguridad y Emergencias de IU, Ángel Lara, preguntará en la próxima comisión del área para conocer «cuáles son las razones para que un individuo de semejante catadura moral lleve años como docente e impartiendo clases a la Policía Municipal», aseguró ayer. Además, ha solicitado toda la información sobre horas de clase y dinero que se le ha pagado.

El concejal de IU recuerda que en el Congreso de los Diputados todos los grupos han suscrito una proposición para evitar que «estos tipos sean contratados por las Administraciones Públicas. Nos tendrán que decir por qué y qué tipo de moral puede transmitir este elemento condenado por asesinato», sentenció.