Poner en marcha la norma que homologará el funcionamiento de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España costará «más de cuatro millones de euros». Así lo estimaron ayer a EL MUNDO fuentes del Ministerio del Interior, que explicaron también que el retraso en la aprobación del Reglamento de los CIE obedece, en buena parte, a «problemas de financiación».

El texto lleva ya casi dos años de retraso. La Ley de Extranjería ordenó, en diciembre de 2009, que el Gobierno debía aprobar «en el plazo de seis meses» un reglamento que desarrollara el régimen de internamiento de los inmigrantes sin papeles que son recluidos en los CIE mientras se tramita su expulsión. Pero, a pesar de que en esta legislatura se han hecho públicos dos borradores del anteproyecto de real decreto, éste no ha recibido aún el visto bueno final del Consejo de Ministros.

Ha sido sometido, eso sí, a la consulta de diferentes organismos e instituciones. Fuentes del Ministerio subrayan que, en total, se han solicitado 13 informes consultivos a, entre otros, los ministerios de Hacienda, Empleo, Justicia, Exteriores y Sanidad, así como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes .

Algunos de estos informes se han emitido ya, pero otros están en fase de elaboración, por lo que Interior espera a tener todos los dictámenes para hacer público el Reglamento. «Está en fase final. Nuestros deberes están prácticamente hechos», explican las mismas fuentes. Más o menos lo mismo dijo el año pasado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Pero el caso es que la crisis económica ha retrasado sus intenciones e Interior se encuentra, por un lado, negociando con el Ministerio de Hacienda, y por otro, buscando «posibilidades de financiación europea».

En el ámbito de las ONG que trabajan con estos inmigrantes hay «gran preocupación», ya no sólo por el retraso en la aprobación del Reglamento que genera «arbitrariedad» en el trato a los sin papeles, según los centros en los que se encuentren sino, fundamentalmente, por el contenido del mismo. El último borrador, sostienen las entidades sociales, no mejora las condiciones de internamiento, que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por todo tipo de organismos, ni garantiza los derechos de los internos. La ONG Pueblos Unidos presenta hoy un informe en el que explica esta situación.

El pasado diciembre, el CGPJ puso pegas en su informe al último borrador: encontró «una limitación del ejercicio del derecho no prevista legalmente» y cláusulas «susceptibles de constituir restricciones».

Fuentes de Interior apuntan que el texto ha sufrido algunos retoques más. La intención del Gobierno es que haya «mejoras» y «cambios» en la gestión de estas instalaciones.