La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (Cear) está al borde del
cierre. Los recortes y el dinero que le
adeudan las administraciones ponen
seriamente en riesgo su existencia.
La organización creada en 1979 para
defender los derechos de las personas
necesitadas de protección internacional
no tiene para subsistir
más allá de este año.
Comunidades autónomas y ayuntamientos
adeudan a Cear un total
de 1,5 millones de euros provisionados
para proyectos de ayuda a personas
que huyen de conflictos y de violaciones
de derechos humanos. El
Consistorio deMadrid, denuncia la
ONG, les debe 309.902 euros en subvenciones
de 2012. El principal proyecto
sobre el que versa la deuda es
el de Acogida a Personas Subsaharianas.
A esta cifra hay que añadir
los intereses de demora y por gastos
en los que ha tenido que incurrir
Cear por el impago de la prestación
de servicios de dinamizadores de espacios
públicos, que asciende a
253.861 euros. Las dos cantidades
suman un total de 563.763 euros.
Otro de los morosos es el Gobierno
de Canarias, que adeuda 180.353
euros para, entre otras cosas, el
mantenimiento de un centro de acogida
o un proyecto de cooperación al
desarrollo. La Generalitat Valenciana
debe 174.574 euros, principalmente
en ayudas para la integración
sociolaboral.
La Junta de Andalucía también figura
entre sus deudores, con 27.692
euros por el proyecto Casa Kanna,
que ofrece pisos de acogida a mujeres
solas o con hijos en situación de
extrema vulnerabilidad. Y el Ayuntamiento
deMérida les adeuda 85.412
euros, procedentes del convenio que
tienen suscrito con la Oficina Municipal
de Atención a la Población Inmigrante
y Refugiada (Omai). En la
lista negra también hay una serie de
pequeñas cantidades procedentes de
otros ayuntamientos, diputaciones y
comunidades autónomas.
Todas estas deudas han generado
a Cear unos intereses financieros
con los bancos de 251.000 euros en
2011 y de 225.000 euros en 2012. En
la organización dicen que «son inasumibles
» porque tendrían que salir
de unos fondos propios de los que
ahora carecen. Desde 2009 hasta
ahora, esta ONGha sufrido recortes
que alcanzan a más del 50% de su
presupuesto, lo que se ha traducido
en una disminución de la mitad de la
plantilla. En 2008 eran 300 trabajadores,
hoy son 148.
«Si las instituciones no se preocupan
por resolver esto, probablemente
la organización no pueda superar
2013», expone con crudeza Estrella
Galán, secretaria general de Cear. «A
partir de julio ya no tendremos dinero
para pagar a los trabajadores».
Además de ese centenar ymedio
de empleados que se quedarían en la
calle, la desaparición de Cear supondría
echar el cierre a 300 plazas de
acogida de las que anualmente se
beneficianmás de 700 refugiados,
así como dejar sin asesoramiento jurídico
a 7.000 personas necesitadas
de protección internacional. Además,
15.000 extranjeros perderían
sus ayudas y 5.500 se verían privados
de orientación laboral.
¿Qué podría evitar el cierre de la
principal organización española de
ayuda a refugiados? En primer lugar,
que las administraciones liquidaran
sus deudas, incluyendo los intereses
de demora. En segundo, la ONG pide
que en el Plan de Pago a Proveedores
aprobado por el Gobierno
también se incluyan las subvenciones
pendientes de cobro. En tercero,
«que los bancos apoyen a las ONG
refinanciando sus deudas y realizando
quitas». En último lugar, «que cese
el trato desigual con respecto a
otras instituciones, dado que la administración
está llevando a cabo
agresivas fiscalizaciones de la labor
de las ONG», denuncia Galán.
La situación es
crítica no sólo para
Cear. Según datos
facilitados por
la Plataforma de
ONG de Acción
Social, las administraciones
públicas
adeudan al
conjunto de los colectivos
alrededor
de 500 millones.
El Anuario del
Tercer Sector de
Acción Social en
España 2012, editado
por la Fundación
Luis Vives, ya
ha advertido de
que «la alta dependencia
de financiación
con respecto
a las admin
i s t r a c i o n e s
autonómicas, dada
la coyuntura actual, se proyecta
como una situación negativa para el
sector, toda vez que desde las autonomías
se están viendo obligados a
realizar recortes en el gasto que, a
buen seguro, repercutirán seriamente
en el conjunto del tercer sector».