El Día, S/C de Tenerife

La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada de Extranjería de Tenerife detuvo a cuatro hombres y una mujer, todos rumanos y de la misma familia, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual. Fueron identificados como I.M.; M.M.; D.M.; A.L.M., así como la mujer L.M. El líder de la banda ingresó en prisión.

Los acusados supuestamente embaucaban a compatriotas pobres en su país con promesas de trabajo y creación de empresas de hostelería y construcción. La banda pagaba el viaje a los afectados. Una vez en Tenerife, las víctimas se alojaban en pisos arrendados por la organización pero siempre a nombre de los mendigos para dificultar el seguimiento policial. Las víctimas convivían siempre con miembros de la red criminal y eran controladas las 24 horas al día. Después, les decían que los proyectos se retrasaban por la crisis y los obligaban a ejercer la mendicidad para pagar la deuda del desplazamiento y el alquiler. Las víctimas eran situadas en accesos a varios supermercados, aparcamientos y en semáforos “estratégicos” de la capital tinerfeña, así como en otras localidades de la isla, para pedir dinero o limpiar cristales de coches.

Las jornadas de trabajo superaban habitualmente las 12 horas diarias, La Ucrif pudo comprobar que la banda realizó numerosas transferencias de dinero a Rumanía lo suficientemente pequeñas como para evitar el control fiscal. Otras veces engañaban a las víctimas para que efectuaran los envíos de dinero ellas mismas con destino a otro miembro de la red en Rumanía, bajo promesa de que esa persona se encargaría de hacer llegar el dinero a sus familiares, lo que nunca sucedía. Con ello pretendían evitar el rastro ante una investigación policial o judicial.

Cuando algún afectado pretendía desligarse de los lazos que le ataban a este grupo criminal, era perseguido y amenazado en la casa y en la vía pública, llegando las amenazas de muerte a hacerse extensivas a sus familiares en Tenerife y Rumanía. Durante la investigación, entre las víctimas de explotación laboral también se detectó a mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Dicha actividad tenían que ejercerla siempre en su domicilio y con clientes del círculo de amistades de la banda.