El trío neonazi considerado responsable de diez asesinatos, nueve de ellos xenófobos, dos atentados con bomba y más de una docena de atracos en Alemania entre 1998 y 2011, contaba probablemente con una red de colaboradores más importante de la que se conoce hasta ahora. Así lo afirma el diputado Sebastian Edathy, presidente de la comisión del Bundestag que investiga la llamada Clandestinidad nazi (NSU), el mayor caso de terrorismo de los últimos 20 años en Alemania.

Edathy reveló ayer lo que es una obviedad: “Si vives trece años en clandestinidad, si dependes de ayuda logística para realizar crímenes, probablemente necesitas una red de colaboradores”. Mientras el fiscal federal describe al trío como “un grupo aislado”, la sospecha que está en el aire es la de la complicidad de los servicios secretos, que explicaría que el grupo no fuera detectado durante tanto tiempo y que sus acciones racistas fueran atribuidas a los motivos más kafkianos por una prensa conformada con las versiones policiales.

“De momento no tenemos pruebas de que hubiera algún tipo de apoyo o de tolerancia por parte de las autoridades, pero personalmente creo que había más gente trabajando para el Estado cercana al trío de la que se conoce hasta el momento”, dijo el presidente de la comisión.

La escena neonazi alemana se caracteriza por una enorme presencia de infiltrados e informantes policiales que muchas veces borra las diferencias entre la prevención de delitos y su realización. Al menos 12 informantes de la policía política (BfV) participaron en delitos racistas como coacción, lesiones, amenazas de muerte, elaboración de bombas, incendios y tráfico de armas, según el programa Report Mainz del primer canal de televisión.

Según la versión oficial, el grupo terrorista estaba compuesto por una mujer y dos hombres. Ella, Beate Zschäpe, hizo volar por los aires su última vivienda, pocas horas después de que ellos, Uwe Bönhardt y Uwe Mundlos, se suicidaran dentro de una camioneta a la que prendieron fuego tras un atraco. Zschäpe, que se entregó a la policía, será juzgada el día 17 en Munich junto a cuatro presuntos colaboradores.

Entre los restos de la vivienda se hallaron documentos de identidad falsos que sólo habrían podido ser confeccionados por los servicios policiales. En uno de los asesinatos estuvo presente el agente del BfV Andreas Temme, alias pequeño Adolfo, que también estuvo en las inmediaciones de otros cinco atentados.

Ningún medio de comunicación turco podrá asistir al juicio pese a que ocho de las diez víctimas eran de origen turco. Los 50 puestos reservados para la prensa se han repartido por estricto orden de solicitud, lo que limita la cobertura a medios alemanes y deja fuera a los grandes medios internacionales. El embajador turco pidió “más tacto” y el diario Sabah presentará querella.