«Todo el mundo tiene un precio».
Así resumía Andrei Petrov, presunto
jefe local de la mafia rusa establecida
en Lloret de Mar (Gerona), el sistema
que durante años le garantizó
favores urbanísticos en la localidad
costera gracias a complicidades fraguadas
a golpe de talones, regalos
de lujo y dinero. Una apreciación sobre
la manera de manejarse entre
políticos municipales fruto de su experiencia
en una «maquinaria de corrupción
», tal y como la definen los
investigadores de la Guardia Civil en
el sumario del caso Clotilde –al que
ha tenido acceso este medio–, y que
llegó a lograr una «penetración»
prácticamente generalizada en el
equipo municipal.
La frase de Petrov, molesto en
esa ocasión por un atraso en una
gestión municipal –llega a preguntar
si tiene «que besarles»–, fue interceptada
por agentes de la Jefatura
de Información de la Guardia Civil
el 21 de julio de 2011 en una
conversación con la arquitecta Pilar
Gimeno –imputada y señalada como
«soporte clave» de la trama– y
supone sólo un ejemplo más de la
existencia de una dinámica de sobornos
y favores enquistada en el
municipio bajo el mando de Crespo.
Una cadena de irregularidades
en la que, según se desprende de
las conversaciones, no sólo habrían
participado el ex alcalde y el ex
concejal de Urbanismo Josep Valls,
sino que habría contado con la colaboración
activa de otros trabajadores
municipales.
Es el caso de una funcionaria y
la secretaria del actual alcalde de
la localidad, Romà Codina (CiU),
quienes tras la salida de Crespo
del Ayuntamiento habrían mantenido
una suerte de tarifa heredada
de la anterior etapa y por la que
exigían –«ya no hace más favores
gratis», señala una de las imputadas–
sólo por encajar en la agenda
del alcalde entrevistas entre él y
empresarios dispuestos a agasajarlo.
Una gestión por la que podrían
llegar a pedir «35.000 o 40.000 euros
» que posteriormente se repartirían,
supuestamente, entre las
dos intermediadoras, identificadas
como Mónica e Inmaculada. Ninguna
de ellas está imputada en la
parte de la causa que está en manos
del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (TSJC).
Una vez más, las conversaciones
intervenidas resultan aquí reveladoras
del engranaje corrupto. En una
llamada del 12 de octubre de 2011
de la secretaria de Petrov, Jessica
Holguín, al intermediario de un empresario
ruso en busca de contactos,
ésta le advierte de que aunque
el precio exigido por las dos trabajadoras
municipales sólo por una
cena le parezca excesivo, «si el ruso
va a necesitar que le aprueben o le
den alguna licencia de obras tendrá
que aflojar, ya que en Lloret las cosas
funcionan así».
La secretaria, además, es explícita
en otra llamada, un día después,
al señalar que pese a la salida
de Crespo, la cadena sigue en
marcha de la mano de Valls –representado
por el abogado Manuel
González Peeters–: «Formaban un
conjunto en este tipo de operaciones
», sentencia.
De churrero
a ‘embajador’
de una mafia
internacional
J. O. / C. A / Barcelona
En sólo una década, desde su llegada
a Lloret de Mar (Gerona) en
2001 y hasta su detención, Andrei
Petrov pasó de sobrevivir
con un sueldo de portero de discoteca
y como churrero de escaso
éxito, a conducir coches de gama
alta y acabar siendo responsable
de «un montante superior a
los 50 millones de euros».
Fue un salto hacia la prosperidad
«vertiginoso» que, en 2006
–cuando ya había realizado operaciones
inmobiliarias por 20 millones
de euros–, disparó las sospechas
de los investigadores, que
descubrieron tras él el rastro de
una de las redes mafiosas surgidas
del caos tras la caída del comunismo
en Rusia, y que, a lo largo de
las últimas décadas, se han convertido
en huéspedes de ciudades
españolas donde blanquear sus
fondos. En este caso, según la Audiencia
Nacional, podrían haber
lavado más de 50millones de euros
en operaciones inmobiliarias y
tránsito de dinero en metálico.
En sus conclusiones, trasladadas
al juez, el Servicio de Información
de la Guardia Civil narra
cómo Petrov, originariamente «de
clase humilde» y ocupante junto
a seis miembros de su familia de
«un modesto piso» en la localidad,
pasó a ser en apenas cuatro
años y gracias a la mediación de
su padre, Boris Petrov –también
imputado en la causa–, «la persona
que ocupa en nuestro país el
escalón más alto» de una trama
internacional. Una red jerarquizada
en la que únicamente rendiría
cuentas a su superior Sergei Nalimov
y al considerado como jefe
superior de la red, el empresario
Viktor Kanaikin. Los tres, según
las investigaciones, integrarían la
cúpula de una red de empresas
–principalmente Vikser S.L y Development
Diagnostic Company
(DDC)– con fondos en paraísos
fiscales como «Islas Vírgenes Británicas
y Seychelles».