Los inmigrantes «sin papeles» que quieran acceder al sistema sanitario público español deberán abonar 710 euros de media al año 1.864 euros si tienen más de 65 años en concepto de un convenio o póliza. Así lo establece un real decreto que ultima el ministerio de Sanidad y que contempla esa condición para los extranjeros en situación irregular y también para los rentistas que nunca han trabajado e ingresan más de 100.000 euros anuales. Es la vía alternativa y voluntaria que ofrece el Gobierno a estos colectivos excluidos del sistema excepto urgencias, asistencia a menores y embarazadas tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que limita el acceso a la sanidad pública para evitar los abusos.
Endeudada

Cataluña una vez más se desmarca de las medidas del Estado y ha decidido mantener la cobertura universal a los extranjeros no regularizados. Lo ha hecho pese a ser una de las comunidades más asfixiadas económicamente y con una deuda creciente de su Administración con el sector social (actualmente debe a hospitales, entidades sociales y farmacias más de 1.300 millones de euros). Con nuevas medidas de contención en el horizonte solo en 2012 se redujo un 11,3% el gasto por paciente en Cataluña, pendientes de concretar con el ajuste de los Presupuestos, el Gobierno de Artur Mas no echa marcha atrás y se ratifica en su idea de no poner límites a los colectivos en situación irregular, lo que puede suponer dejar de ingresar al menos 78 millones de euros al año.

Tener tres meses de residencia es la única condición que impone el Ejecutivo catalán para tener cobertura sanitaria pública, aunque marca un acceso progresivo. Los que aún no lleven un año empadronados pueden tener asistencia primaria, mientras que los que lleven más de doce meses tendrán también acceso a los especialistas, igualando las condiciones con el resto de asegurados. Según datos de la consejería de Salud, en Cataluña hay 110.000 extranjeros en situación irregular a los que desde hoy día en que entra en vigor la orden autonómica que que modifica el decreto estatal se les facilitará cobertura «universal».
¿Qué coste extra supondrá?

¿Qué coste extra supondrá eso para las tocadas arcas catalanas? La consejería, que dirige Boi Ruiz, asegura que «el impacto no será importante» y que aún no ha acabado el informe que pondrá cifras a la medida. Fuentes de este departamento arguyen, en declaraciones a ABC, que «limitar el acceso a la asistencia primaria a estos colectivos más vulnerables supondría un coste mayor a la larga». Por el momento, la primera cifra que puede desprenderse de esta política aperturista sanitaria catalana es la cantidad a la que el Gobierno de Artur Mas renuncia por mantener la cobertura «universal» a este colectivo, al que, según las directrices del Ejecutivo debería cobrárseles una especie de póliza por un importe de 710 euros anuales.

Si se multiplican los 110.000 «sin papeles» a los que se les ha facilitado la tarjeta solo por estar empadronados por la tarifa que exigirá el Gobierno a los no regularizados (710 euros anuales) se deduce que son 78 millones de euros los que podría ingresar la Generalitat para subsanar su sangría económica y que ha decidido renunciar. La cifra sería mayor, ya que en el caso de los mayores de 65 años, el coste de esa póliza es más elevado. Al cómputo de los «sin papeles» se sumaría el de los rentistas, aún por determinar por parte del Gobierno regional.