JORDI RIBALAYGUE / Badalona
El 10 de enero de 2012, Xavier
García Albiol fue de redada.
Aquella noche, el alcalde de Badalona
se personó en uno de esos
rincones que en tiempos calificó
de «polvorín», la calle de Xile, en
el barrio de Artigues. En la zona
se acumulaban quejas por ruido y
trifulcas. El registro que los
Mossos d’Esquadra efectuaron y
al que se sumaron agentes de la
Policía Nacional, la Guardia Urbana
de Badalona y la de Sant Adrià
de Besòs pescó en río revuelto:
dos denuncias por posesión de estupefacientes,
incautación de un
par de armas, siete inmigrantes
indocumentados detenidos…
El Ayuntamiento distribuyó una
fotografía de Albiol presenciando
la intervención y se convocó con
antelación a algunos medios. La
oposición habló de oportunismo.
El popular apareció en las instantáneas
flanqueado por su concejal
de Seguridad, Miguel Jurado, y el
edil que encabezaba el distrito sur
de la ciudad, David Gómez, quien
rompió meses más tarde con los
populares y se declaró regidor no
adscrito.
En paralelo, el Consistorio ordenó
el cierre inmediato de cuatro
bares de la avenida, donde
abundan las tiendas abiertas por
inmigrantes , en especial paquistaníes.
Las actas en las que se enumeraron
algunas carencias las firmó
un trabajador del área de Seguridad.
Sin que mediara la
supervisión de un responsable de
Disciplina Urbanística, el funcionario
se refirió a presuntos riesgos
por deficiencias en la instalación
de luz, falta de ventilación o
presencia de material inflamable
para sellar los locales.
Sin embargo, los técnicos apreciaron
pocos días más tarde que
las supuestas amenazas estaban
subsanadas, por lo que las medidas
cautelares quedaban sin efecto.
En uno de los expedientes, indicaron
que se habían apartado
unas bombonas de butano y se
había desinstalado un aparato de
aire acondicionado defectuoso. Se
había considerado que generaban
un peligro que no se podía corregir
con rapidez.
La actuación municipal ha sido
cuestionada en los juzgados. Dos
establecimientos precintados han
interpuesto sendas querellas por
lo que definen como una actuación
«ilícita e injusta» y enfatizan
que «no fue corroborada por el departamento
de Disciplina Urbanística
» del Ayuntamiento. Las denuncias
esgrimen que los motivos notificados
para precintar las entradas
eran «genéricos» o «falsos» y que el
riesgo inminente señalado se trataba
de «una invención». También
aluden a una eventual «causa general
contra determinados comercios
regentados por extranjeros».
Albiol se ha preciado de ser implacable
con las inspecciones. Durante
el primer año de mandato
del PP, el Consistorio cerró 75 negocios
de forma provisional. Los
controles se extendieron donde
proliferan las tiendas en manos de
inmigrantes . Decenas de comerciantes
foráneos protestaron el verano
pasado bajando la persiana
durante algunas horas por lo que
tildaron de presiones arbitrarias.
Una de las querellas se registró
hace menos de una semana, mientras
que la otra ya ha sido admitida
a trámite. De ella, ha derivado
que se impute por presunta prevaricación
al concejal tránsfuga del
PP, el funcionario que suscribió
las actas y un agente de la policía
municipal.
La querella amplía los hechos
de un supuesto caso de extorsión
por el que se encausa a Gómez y
Antonio Cortés, un ex coordinador
designado por Albiol. La misma
pareja que grabó el presunto
intento de soborno a cambio de
facilitar la reapertura del bar es la
que interpuso la primera denuncia,
en la que señalan a Jurado
como la persona que dio instrucciones
durante la requisa. Gómez
y Cortés declararán a mediados
de abril.
La defensa del concejal alegará
que no disponía de poderes para
decretar los cierres y ha conseguido
que se cite como testigo el edil
de Vía Pública, Daniel Gracia. La
querella transcribe unos correos
electrónicos en los que Gómez
avisó al técnico implicado que debían
ser «muy cuidadosos» después
de que un propietario hubiera
solicitado acceder al establecimiento.
Por su parte, el Ayuntamiento
defiende que la decisión de clausurar
recaía en la concejalía de
Seguridad al tratarse de una actuación
de oficio y que no existían
razones para que Disciplina Urbanística
la validara en la noche
de autos. Fuentes del equipo de
gobierno, que dicen ver «razones
políticas» tras el litigio, indican
que se expedientó a los dos locales
poco tiempo más tarde de la
redada y se les multó por otras
irregularidades.
El primero de los comercios denunciantes
volvió a ser precintado
entre junio y diciembre del
año pasado. Apiló sanciones, varias
de 300 euros y otra de 10.000.
La misma fuente cataloga al otro
bar querellante como un polo
conflictivo, castigado en febrero
de 2012 con seis meses de cierre
y 15.001 euros por venta de drogas.
El pub no ha vuelto a abrir.