José D. Méndez, S/C de Tenerife

“Rechazo cualquier insinuación de fraude electoral o de otro tipo”. Así finalizó ayer Alberto Bernabé, el edil responsable de Población, entre otras muchas delegaciones, su contestación a la pregunta sobre errores en el censo formulada por la concejala de Sí se Puede, Asunción Frías. Bernabé reconoció que la ciudad perderá este año 2.300.000 euros por esta causa en concepto de cantidades procedentes del REF (1.400.000 euros) y del Fondo Fiscal (921.000 euros).

Bernabé recordó que, ante las diferencias en los datos con el INE, se creó el 9 de enero un grupo de trabajo para verificar posibles errores, como la inscripción de extranjeros no comunitarios, la comprobación de residentes o el asunto de los DNI “desaparecidos”. Hubo discrepancias en 4.035 personas sin el documento de identidad, pero con hojas de empadronamiento, y en otras 6.797 con hojas que no se localizan.

“La causa no fue una emigración súbita en 2012, sino una combinación de factores que parecen arrancar del padrón de 1996”, explicó Bernabé para añadir: “Pensé que era un problema informático pero no ha sido así. Al margen de la falta de medios, al menos desde 2009 debimos validar los datos, como hizo el INE”.

“Fueron imprudentes al amenazar con la vía de lo contencioso – administrativo para ir contra el INE, que tenía razón”, apuntó Frías, quien añadió: “Errores de hace 18 años van más allá de una simple mala gestión. Pedimos una comisión de investigación porque nuestros cálculos plantean entre 14.000 y 15.000 personas que no han movido un solo papel en 17 años y eso es imposible. Pensamos que nunca existieron y es grave”.

Bernabé concluyó señalando que el 26 de febrero el alcalde dictó una inspección del Negociado de Población para depurar responsabilidades. El decreto ordena “el inicio del procedimiento de tramitación de aquellos registros e inscripciones padronales que no puedan acreditarse documentalmente o de aquellos en los que se haya detectado la existencia de deficiencias no subsanables”.

Por otro lado, una moción conjunta de la oposición se hizo eco de la petición de todos los sindicatos de cesar a la directora de Recursos Humanos. El escrito de 18 incumplimientos fue llevado íntegramente a pleno y lo defendió Miguel Ángel Cano, presidente del Comité de Empresa y la Junta de Personal. Entre el público, sus compañeros levantaron carteles de protesta mientras hablaba.

Los votos del gobierno rechazaron la moción. La concejala de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, fue señalada cono responsable política y criticada por los sindicatos al “desprestigiarnos públicamente”. Alberto rechazó la falta de contraste y la “alegría” de la moción. Leyó una serie de supuestos logros económicos y recordó los recortes del Estado. Recalcó “la valía de esta persona” y llegó a decir que gracias a ella se había logrado “la estabilidad y mantener al personal”.

La oposición recordó que de 36 recursos, los sindicatos han ganado 25 y el resto no se han resuelto. “Pasa algo y deben tomar nota”, apuntaron. Arcila dijo: “Comienza un camino sin retorno por la falta de diálogo”.

Tras la votación, los trabajadores abuchearon el resultado y se escuchó un grito: “Gracias, PSOE”.